El contable del club La Aguada recusa a la Sala que iba a juzgarle por blanquear capitales del narcotráfico

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La defensa del contable del club La Aguada, J.M.C., ha recusado a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, que iba a juzgarle por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

El motivo del recurso es, según ha explicado a Europa Press el letrado Miguel Ángel Cocero, que el pasado mes de octubre esta misma Sala ya juzgó al acusado a a este acusado y a otras cuatro personas por un delito de prostitución contra mujeres extranjeras, en este club y en otro de Ponferrada.

Y al haber juzgado al mismo J.M.C., en una vista sobre la que no se ha emitido una sentencia, la defensa entiende que este Sala está "viciada" al tener opinión formada sobre el procesado, por lo que esta parte ha pedido a la Sala, en primer lugar, que se inhiba en la causa.

Pero además, Cocero también ha recusado a los tres magistrados que componen esta Sala presidida por Agustín Alonso, y esta recusación ha sido admitido a trámite, lo que no quiere decir que se haya aceptado.

Así que a partir de ahora, según informaron a Europa Press fuentes judiciales, se envía la causa a la Sección Primera, que nombrará a un instructor, que será quien resuelve si acepta o no la recusación, y, en ese caso, quien juzga este procedimiento.

A lo largo de la instrucción, la defensa del principal acusado, J.M.C., ha cuestionado el "caótico" procedimiento judicial, tras recordar que la causa proviene de otra, en la que el Ministerio Fiscal no llegó a imputarle, y alega que, en todas las sociedades por cuya participación se le imputa, lo era junto a otros socios --cuya implicación se va a juzgar en una causa aparte para no alargar más el juicio, algo que esta parte rechaza--.

BLANQUEO DE CAPITALES

El contable de La Aguada hubiera sido juzgado por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico junto a su exmujer y su hija.

El Ministerio Fiscal, única acusación en la causa, pedía penas que sumaban para los tres 13 años y medio de prisión y multas económicas por valor de 570.000 euros y el comiso de bienes por importe de más de 270.000 euros por incremento patrimonial ilícito, por usar sociedades "tapadera", sin actividad, para realizar inversiones con las que "enmascarar" el origen del dinero, que era el tráfico de drogas.

En concreto, para J.M.C se pedían 6 años de prisión y una multa de 300.000 euros.

La Fiscalía sostiene que el acusado, para "enmascarar" el origen del dinero, constituía sociedades con las que realizaba operaciones de inversión inmobiliaria que en realidad eran "tapaderas".

El Ministerio Fiscal relataba que el procesado ha vivido "permanentemente" ligado al narcotráfico, hasta el punto que, de manera "directa o indirecta", esta actividad se ha constituido en "su única fuente de ingresos" y de adquisición de bienes, pese a que luego no aparecieran o lo hicieran a nombre de otras personas.

Entre esas personas se encontraban sus suegros, que ya fueron condenados en otra ocasión. Él, entre 1996 y 2003 sólo declaró ingresos por valor de 29.338 euros, pero la Fiscalía le ha detectado un montante injustificado de 24.000, procedentes del tráfico de drogas, y de 120.202 euros por una de sus sociedades.

Su hija, por ejemplo, declaró entre 1999 y 2001 por rendimientos del trabajo 8.552 euros, pero adquirió bienes por valor de 34.276, lo que arroja un desfase patrimonial superior a los 25.000 euros. En concreto, en ese período se hizo con inmuebles por valor de 18.407 euros o un vehículo por un importe de 15.373 euros.

Y su entonces esposa, con una sociedad a su nombre, realizó inversiones injustificadas por valor de 108.182 euros. Esa sociedad compró, por ejemplo, un local que era sede de otra sociedad en la que también participaba él.

Esa misma sociedad, la de su exesposa, fue la que, antes incluso de iniciar su actividad, adquirió el local La Aguada, en Piélagos, que arrendó a otro de sus socios. Es por la actividad en este local, junto a otro en Burgos, por el que fue juzgado en octubre.

Además, junto a otros dos socios en una sociedad diferente creada en 2003, adquirió el terreno de al lado del local, por un precio de 30.050 euros "sin ingresos que justifiquen" la actividad de esta entidad, que también adquiere vehículos.

EL JUICIO DE OCTUBRE

J.M.C. hubiera vuelto así al banquillo de la Audiencia de Cantabria, en el que se sentó, junto a otros cuatro acusados --entre ellos su actual pareja, una prostituta del club de Piélagos--, el pasado mes de octubre, en un juicio por el que se pedían contra el 33 años de prisión y 30 para el resto de miembros de la red y del que aún no se conoce la sentencia.

Según el relato del Fiscal, los acusados, cuatro hombres y una mujer de nacionalidad brasileña y compañera sentimental del cabecilla de la red, J.M.C., condenado anteriormente por tráfico de drogas, captaban a las mujeres en países de Sudamérica, en especial, en Paraguay y Brasil.

Por medio de personas establecidas en esos países, contactaban con las chicas y les ofrecían ejercer la prostitución en España, aunque a algunas las engañaron con otros supuestos trabajos, como el de camarera, ofreciendo el trabajo para los locales propiedad del jefe de la organización. Les pagaban el billete a España y les facilitaban dinero suficiente para entrar como turistas.

Una vez que aterrizaban en nuestro país, eran recogidas en el aeropuerto y trasladadas a dos locales -el de Renedo de Piélagos y otro en Ponferrada (León)- donde eran recluidas en habitaciones con condiciones mínimas de habitabilidad. Les prohibían salir del local y les impedían usar el teléfono.

Además, les obligaban a trabajar como prostitutas hasta devolver la deuda que habían contraído; deuda que crecía constantemente, porque debían pagar el alojamiento y las comidas en el club.

Los acusados llevaron a cabo estas actividades, al menos, durante el año 2006 y en la primera mitad de 2007.

Durante el juicio, el acusado defendió que se limitaba a ser el contable del club, aunque los agentes que instruyeron la causa le señalaron como responsable de todo el entramado. J.M.C. aseguró entonces que trataba "como un padre" a las "chicas", que, en realidad, se alojaban en el Aguada --y en otro local en León--, clasificado como hotel, y concertaban los encuentros en el bar.

Una testigo protegida, ya fallecida, declaró en su día, que las prostitutas trabajaban en condiciones "extremas" y tenían "miedo", pero el resto, que declararon en la vista como testigos, negaron sufrir amenazas y el resto de acusaciones.