SANTANDER, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Sector de la Administración de Justicia en Cantabria de CSI-F ha denunciado el "recorte de derechos" y el "mal funcionamiento" de la Administración de Justicia desde la llegada de la nueva consejera del ramo, Leticia Díaz.
En un comunicado, el presidente del Sector de Administración de Justicia del sindicato, Manuel Garay, ha denunciado que a la consejera "le han bastado cuatro meses para desorganizar la Administración de Justicia de Cantabria", así como que en ese tiempo "se ha cargado lo poco aprovechable que nos quedaba como herencia del Gobierno anterior". Se trata, ha dicho, de "un récord difícil de igualar".
Según el sindicato mayoritario en la Junta de Personal de Administración de Justicia de Cantabria, Díaz "ha llegado a desautorizar a sus propios colaboradores" en la Dirección General de Justicia que se habían comprometido a ofertar plazas en comisión de servicio y en sustitución "desde hace meses", y ha adoptado una decisión "claramente ilegal, irresponsable, contraria a la austeridad, desleal y vejatoria para los funcionarios de Justicia".
Además, ha acusado a la consejera de haber "dinamitado" el esfuerzo de las organizaciones sindicales y la Dirección General de Justicia por "recuperar la sintonía perdida" tras la "pésima gestión del equipo anterior".
Para Garay, con esta decisión, Díaz "deja colgados" a decenas de funcionarios cántabros que tienen su destino fuera de esta comunidad y a sus familias, que esperaban esta convocatoria anunciada por la Dirección General de Justicia desde hace dos meses. Una suspensión, afirma, "que recorta el derecho, uno más, a la movilidad y a la promoción profesional de los funcionarios de Justicia en Cantabria".
A CSI-F le resulta "inaceptable" que la titular de Justicia "vulnere claramente la ley" y se enfrente al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) al no convocar las comisiones de servicio y las sustituciones, por lo que ha anunciado acciones legales contra esta decisión "que nos lleva a reflexionar sobre el significado que para la consejera Díaz tiene la expresión reducir la litigiosidad".
Garay tacha de "intolerable" el "estado famélico" en el que mantiene la estructura de la Dirección General de Justicia, pese a las peticiones de la propia Dirección General y de CSIF, y de que existen plazas con dotación presupuestaria sin ocupar.
Esta circunstancia, continúa, afecta gravemente a la prestación del servicio público de la Administración de Justicia y por eso al sindicato le resulta "sorprendente" que la "consejera del ahorro y la austeridad suspenda la oferta de plazas a sustitución y a comisión de servicios que suponen un ahorro efectivo de varias decenas de miles de euros al año"; y considera "alarmante" el "grado de desconocimiento" que muestra en sus manifestaciones públicas sobre la Administración de Justicia.
Por último, CSI-F denuncia el "desprecio" de la consejera hacia los funcionarios de Justicia en Cantabria porque en cuatro meses sólo ha tenido un encuentro con las organizaciones sindicales con representación en la Junta de Personal en la que CSI-F tiene mayoría absoluta clara. "Quizá si nos hubiera escuchado más algunas decisiones nunca se habrían tomado", concluye.
