Archivo - ICASS - GOBIERNO - Archivo
SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Plaza Número 5 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander ha declarado improcedente el despido de un trabajador del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) al que la Administración le dio de baja tras alcanzar la edad legal de jubilación pese a que no reunía los requisitos legales para acceder a la pensión. Ahora, deberá indemnizarle con casi 15.500 euros.
Este trabajador venía prestando servicios para el ICASS, como auxiliar de enfermería desde diciembre de 2018 a través de distintos contratos temporales.
El último, suscrito en junio de 2024, fue de interinidad para sustituir a una trabajadora que estaba de baja, y finalizó el 30 marzo de 2025 al alcanzar la edad legal de jubilación y ello pese a no haber alcanzado los 15 años mínimos de cotización necesarios para acceder a la jubilación contributiva.
Como consecuencia de ello, perdió su puesto de trabajo y quedó en situación de desempleo.
El trabajador presentó una demanda que ahora ha sido parcialmente estimada, declarando improcedente el despido.
El demandante pedía que se declarase nulo y se dejase sin efecto el cese y planteaba que, si no, de forma subsidiaria fuera considerado improcedente, como así ha sido, fijando la indemnización por ello en esos más de 15.000 euros.
Durante el procedimiento judicial, la propia Administración reconoció su error y admitió que el contrato debería haber continuado vigente hasta la finalización de la causa que justificaba la sustitución, circunstancia que no se produjo hasta diciembre de 2025, según se recoge en la sentencia, fechada el pasado 20 de octubre y contra la que cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
CSIF, cuyos servicios legales han representado a este trabajador frente al Gobierno de Cantabria, ha celebrado esta "victoria judicial" y ha considerado "especialmente grave que un error administrativo haya privado a un trabajador de su empleo sin posibilidad de acceder a la jubilación, obligándole a acudir a los tribunales para defender sus derechos".
Por ello, el sindicato ha exigido al Gobierno regional que "extreme el rigor en la tramitación de los ceses y jubilaciones de sus empleados públicos y evite decisiones que, además de perjudicar a los trabajadores, terminan generando un coste económico para las arcas públicas".
Además, ha indicado que esta nueva sentencia favorable "refuerza la labor de los servicios jurídicos de CSIF Cantabria en la defensa de los derechos de sus afiliados frente a las actuaciones injustificadas de las administraciones públicas".
"CSIF Cantabria seguirá utilizando todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que ningún trabajador tenga que soportar las consecuencias de decisiones administrativas contrarias a sus derechos", ha apuntado.
