Archivo - Vivivenda okupada en Orejo. Piso de alquiler asequible construido por el Gobierno de Cantabria y ocupado ilegalmente - EUROPA PRESS - Archivo
SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La comisión judicial ha desalojado este miércoles la vivienda protegida de alquiler asequible del Gobierno de Cantabria que estaba okupada en Orejo (Marina de Cudeyo) desde al menos el 23 de abril de este año por tres personas.
Se trata de una de las tres viviendas públicas para alquiler asequible que fueron habilitadas en bajos destinados a locales comerciales que llevaban años cerrados en la urbanización de 51 VPO promovida por la empresa pública Gesvican. Dos de ellas se entregaron el 7 de octubre, pero la tercera estaba okupada y a la espera de que el juzgado resolviera el lanzamiento.
Un lanzamiento que se ha ejecutado esta mañana, cuando los 'okupas', un hombre y dos mujeres, ya se habían marchado, según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno de Cantabria.
Las mismas fuentes han asegurado que la casa ha quedado "en bastante mal estado", con algún electrodoméstico roto y otros que se han llevado.
El siguiente paso del Gobierno será la realización de todas las obras de reparación y limpieza del piso, además de la sustitución de los electrodomésticos. "Cuando se haga todo y la vivienda esté en perfectas condiciones, se entregará", ha informado.
El Ejecutivo denunció en abril ante la Guardia Civil esta ocupación ilegal y los tres okupantes de esta vivienda fueron condenados por la Audiencia Provincial de Cantabria al pago de una multa de 270 euros y a desalojar el piso para entregárselo a su legítimo titular, que resultó agraciado en el sorteo celebrado el pasado mes de junio.
El fallo desestimó los recursos de apelación interpuestos por los tres 'okupas', y ratificó en su integridad el dictado previamente por la jueza de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, que les condenó como autores de un delito leve de usurpación y les impuso las costas. La Sala de apelación estableció que se devolvieran los autos al juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.
El tribunal determinó que una fecha no precisada, pero por lo menos desde el 23 de abril de este año, los tres procesados, "con intención de beneficiarse de la posesión de un inmueble de forma lucrativa durante un tiempo indefinido, permanecieron en la vivienda" de Orejo, "sabiendo que era de propiedad ajena".
"La vivienda, en el momento de los hechos, era propiedad de la entidad Gesvican y días después fue adjudicada a un tercero al tratarse de una vivienda de protección oficial", agregaba la resolución sobre este piso, de tres habitaciones y 70 metros cuadrados, el más grande de los tres sorteados y que destaca como los demás por altos estándares de calidad y eficiencia energética o tener cocina amueblada.
De la sentencia se desprendía que los agentes personados en el domicilio tras denunciarse la ocupación ilegal se encontraron al enjuiciado, que se negó a abandonar la casa, mientras que las otras dos mujeres manifestaron a la Guardia Civil que estaban en el piso desde hacía una semana con el hijo menor de edad de una de ellas.
Aseguraron que se lo había alquilado un hombre, por 400 euros al mes y tras el pago de una fianza de 1.200, y del que dijeron no saber más que el nombre, pues le conocieron en un bar, les dio las llaves y quedaron en firmar días después el contrato, extremo que no se produjo, según alegaron.
La Audiencia no consideró "creíble ni verosímil" la versión de los acusados, que ofrecían "meras manifestaciones que carecen de toda lógica". "No han encontrado nada para irse a vivir a otro sitio. Saben que ocupan la vivienda de forma ilegal, pero 'no se van a ir a la calle'", apunta la sentencia, que concluía que se trata de "una ocupación de un inmueble ajeno sin título o consentimiento de la propiedad y además existe también una clara voluntad de permanencia".
