Publicado 18/02/2015 15:54CET

Diego condiciona la inclusión del alcalde de Noja en las listas del PP al "contenido" de su imputación

Cree que el término 'imputado' se ha "pervertido" y ya parece "condenado por algo" cuando "en absoluto" es así

SANTANDER, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y del PP a nivel regional, Ignacio Diego, ha declinado pronunciarse sobre la imputación del alcalde 'popular' de Noja, Jesús Díaz, por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos porque "no conoce" el contenido de la misma, del que "depende" su presencia o no en las listas del PP en las próximas elecciones.

"Mientras no conozca de dónde proviene y cuáles son las razones que lo fundamentan no puedo dar otra opinión", ha aclarado Diego, quien ha subrayado que la imputación "lo único que supone" es poder ejercer el derecho a defenderse.

En declaraciones a los medios de comunicación, Diego, que ha explicado que este mismo miércoles "procurará tomar conocimiento" de los detalles de esa imputación, ha opinado que el término imputado "se ha pervertido" hasta parecer ya como "condenado por algo" cuando "en absoluto" es así por lo que "a priori" todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia.

Además, Diego, que ha realizado estas declaraciones tras visitar la Residencia Virgen del Faro, ha lamentado la "tendencia a judicializar la política" que, a su juicio, existe "desgraciadamente" en la actualidad y que ha achacado a las "circunstancias políticas y la tension que existe".

EL ALCALDE DE NOJA, CITADO A DECLARAR EL 9 DE ABRIL

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña ha citado a declarar como imputados al alcalde de Noja, Jesús Díaz (PP), y a los los concejales de Obras y Medio Ambiente, Manuel Alonso y Emilio Gándara, respectivamente, y el exsecretario municipal José Luis Sáinz (actualmente jubilado), por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La declaración está programada para el próximo 9 de abril, a las 9.45 horas, y es consecuencia de dos denuncias presentadas por los concejales del PRC por el funcionamiento de un local de hostelería sin licencia, la gestión de servicios públicos sin contrato y la realización de pagos sin consignación presupuestaria.

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