Recuerda que los "compromisos" alcanzados con los propietarios son de la Administración, no de un "Gobierno concreto"
SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo en funciones, Javier Fernández, cree que el cambio en el Ejcutivo regional que podría derivarse de las elecciones no influirá en las soluciones adoptadas para el problema de los derribos y ha mandado un "mensaje de tranquilidad" a los afectados, a los que ha recordado que los acuerdos para asegurar su patrimonio son "compromisos" con la Administración y no de un "Gobierno concreto".
"Todo va a seguir su camino", ha asegurado Fernández, quien ha insistido en que el problema de los derribos está ya "encauzado" y ha señalado que ahora de lo que se trata en la II fase del Plan de Derribos es de "ejecutar" los instrumentos jurídicos fijados en esta legislatura para dar solución al problema de los derribos y que "ya están en marcha".
El consejero ha explicado que "ya se han concedido todas" las autorizaciones provisionales previstas, 450, y ya en la próxima legislatura se tendrán que "concretar" en licencias una vez que se vayan aprobando los planes urbanísticos de los distintos municipios, licencias que quedarán a expensas de la decisión de los tribunales.
Entre ellos, está el de Escalante, que está "solo" a falta de un informe de Urbanismo para aprobarse, y también los de Argoños y Piélagos, que restan por concluirse.
Además, ha señalado que hay acuerdos indemnizatorios con 350 propietarios de vivienda con sentencia de derribo para garantizar su patrimonio, ya sea a través de la entrega de una nueva vivienda si no se legaliza la suya, o en su defecto, una indemnización fijada por un árbitro independiente o si la Administración no cumple.
Restan por firmarse unos 50, concretamente con los 17 propietarios de las viviendas de Cerrias (Piélagos) que deben ser derribadas y en la que deben conjugarse intereses contrapuestos de los propietarios y las restantes en Camino del Portillo (Argoños), con posibilidades de legalizarse.
Para el primero de los casos, el consejero ha explicado que se va a proceder como en el caso de las viviendas de La Arena, en Arnuero, a las que se va a presentar una propuesta a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para intentar satisfacer a los afectados y conjugar sus intereses.
Así, y tras establecer qué familias optan por recibir una vivienda de sustitución, se pedirá a la Sala el "tiempo necesario" para construirlas antes de que se produzca el derribo.
Y por otro lado, entre 40 y 50 viviendas con sentencia de derribo en Camino del Portillo, en Argoños, casos donde hay responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento si bien el Gobierno se ofrecerá ante los tribunales como "colaborador voluntario" para resolver los problemas de las familias y ya, posteriormente, llegar a acuerdos con el Consistorio.
El consejero ha recordado, además, que todos los grupos parlamentarios (PP, PSOE y PRC) aprobaron de forma unánime en el Parlamento de Cantabria una proposición no de ley para apoyar la firma de los acuerdos de compensación entre el Gobierno de Cantabria y los afectados.
Fernández se ha mostrado "muy optimista" con llegar a una solución para el problema de los derribos y ha insistido en que está "encauzado". "El camino, creo, queda muy claro, muy bien definido", ha dicho el consejero, quien ha señalado que "basta con no torcer" los acuerdos alcanzados.
