Fernández: La ejecución del primer derribo es una plasmación muy evidente de que las sentencias hay que cumplirlas

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo afirma que el Plan de Derribos "no se hizo para cubrir el expediente"

Primera demolición prevista en el Plan de Derribos
GOBIERNO DE CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Actualizado: martes, 18 septiembre 2012 17:40

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha opinado que la ejecución de la primera demolición prevista en el Plan de Derribos llevada a cabo este martes en Argoños supone una "plasmación muy evidente" de que las sentencias hay que cumplirlas", respetando también "al máximo" los derechos de los afectados.

Así lo ha afirmado el consejero tras asistir en Argoños al derribo de la primera demolición prevista en el Plan de Derribos, consistente en una estructura de vivienda en el barrio de El Portillo en la que no habitaba ninguna familia, según ha informado en un comunicado el Gobierno de Cantabria.

Con esta demolición, se da cumplimiento así a la sentencia de derribo decretada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Acompañado por el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, el consejero ha afirmado que quiere que en Cantabria quede "muy claro" el principio de que las sentencias "hay que ejecutarlas y cumplirlas".

"Eso ha sido lo que ha perseguido nuestra actuación, el respeto a la legalidad y el respeto a la sentencias", ha dicho Fernández, quien ha subrayado que el Plan de Derribos del Gobierno está "inspirado" en esta idea y que "no se hizo para cubrir un expediente, sino para ir ejecutándolo a lo largo del tiempo".

Ha insistido en que esa es la línea en la que trabaja el Gobierno, por una lado en las demoliciones y por otro en las legalizaciones "cuando ello sea posible".

A preguntas de los periodistas, el consejero ha explicado que el caso de Argoños, que cuenta con un total de 255 viviendas con sentencia de derribo, es un supuesto en el que hay que ir viendo "caso a caso".

"Nosotros cuando aprobamos ya hace un año el Plan de Ejecución de las Sentencias vimos que había que ir dando soluciones individualizadas, esta estructura no tenía posibilidad de concluirse porque la ilegalidad no permitiría nunca la finalización de la obra", ha comentado refiriéndose a la vivienda demolida este martes.

Según Fernández, en Argoños hay otros supuestos en los que sí caben legalizaciones si la Ley del Ministerio de Fomento se llegase a aprobar.

"Hay viviendas que, aun quedando fuera de ordenación, no sería necesario demolerlas, por tanto hay que ir viendo caso a caso", ha reiterado el consejero, quien ha insistido en que el Ejecutivo regional hará "todo lo que está en sus manos para ir legalizándolas" en aquellas que se pueda.

ESTUDIO EN DETALLE

El titular de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha apuntado que Argoños "necesita contar con un estudio en detalle previo" para que el Ayuntamiento pueda plantear ante los tribunales la posibilidad de legalización de cuatro viviendas más.

Fernández ha reconocido que el municipio vive "una situación muy compleja" porque cuenta "con casos muy diversos que requieren soluciones distintas" ya que --ha dicho-- hay viviendas que necesitan reformas del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y otras del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

A LA ESPERA DE EVITAR ALGUNA DEMOLICIÓN EN CERRIAS

Respecto a otros municipios, ha señalado que en Cerrias (Piélagos) también se aplicará el Plan de Derribos, si bien el Gobierno confía en que la Ley de Costas "pueda evitar alguna demolición".

"Pondremos todo nuestro esfuerzo para ver si hay alguna posibilidad, pero que se conjugue con los intereses generales, la protección del litoral", ha asegurado.

En este sentido, Fernández ha explicado que los expedientes de responsabilidad patrimonial de siete viviendas están "en fase de valoración" y, por tanto, si la Ley de Costas no lo evita de forma legal, habrá que llevar a cabo la demolición de las mismas, algo que se hará después de haber indemnizado "de una forma justa a los propietarios".

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