Fiscalía mantiene la pena de 65 años de cárcel para los 15 procesados por la 'Operación Vikingo'

SANTANDER, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiscal ha mantenido esta mañana la pena de 65 años de prisión global y una multa total de 785.000 euros para los 15 procesados por la 'Operación Vikingo', por componer, presuntamente, una red de tráfico de drogas en Cantabria con mercancía proveniente de Galicia y Andalucía.

Las penas individuales oscilan entre los seis años de prisión que el Ministerio Público pide para los dos supuestos cabecillas de la red de cocaína proveniente de Galicia -Gabriel Ch.P, del 'clan de los charlines', y Jesús Manuel L.B., alias 'Chuchi'-, mientras que para los otros tres imputados por pertenecer a la red gallega -Iván L.B., Ana María L.B. y Gregorio F.F.- la pena solicitada es de cuatro años y medio.

Con respecto a los diez presuntos integrantes de la trama que, según la fiscal, traficaba con hachís procedente del Sur de España, -Ricardo B.C., Iván T.P., Iván T.A., Óscar E.S., Vanessa B.G., Manuel S.G., Alejandro M.Q., David Z.B, Lahcen S., y Andrés L.J.- las penas respectivas son de cuatro años.

Todas las defensas, por su parte, elevaron a definitivas sus peticiones de libre absolución para sus clientes, si bien algunos de ellos expusieron que, en caso de que la Sala decida condenarles, se tengan en cuenta las atenuantes de drogadicción y confesión y para el caso concreto de Ana María L.B., que se la considere como "cómplice" de un delito contra la salud pública, en lugar de autora.

La cuarta y última jornada del juicio de la 'Operación Vikingo' -que supuso en enero de 2006 la detención de más de veinte personas y la incautación de más de 50 kilos de hachís, 30 gramos de cocaína y cerca de 55.000 euros- se inició con el anuncio, por parte del presidente de la Sala y de la Audiencia Provincial de Cantabria, Javier de la Hoz, de que no se se aceptará el testimonio aportado el día anterior por la fiscal para intentar validar un Auto con escuchas telefónicas, anulado durante la vista oral por no contener la firma del juez de primera instancia.

De la Hoz consideró "insubsanable" el descuido judicial en la actual fase del juicio, decisión que contó con la protesta de la fiscal, quien alegó que el documento presentado "hubiera podido subsanar ese defecto", ya que fue el testimonio legal que el juzgado entregó a la Policía para autorizarles a intervenir teléfonos.

Además, la representante del Ministerio Público indicó que la anulación del Auto del 27 de septiembre de 2005 "puede cambiar el devenir de este procedimiento" en tanto que se invalidan "muchas pruebas incriminatorias" de contactos entre los acusados.

El caso más representativo es el de la procesada Vanessa B.G., de quien "ya no hay ninguna prueba" que la incrimine con el delito de tráfico de drogas, pues todas las conversaciones que la relacionaban con la red han quedado "invalidadas" por la anulación del Auto.

La fiscal también destacó "la autenticidad" del testimonio presentado ayer, -que fue puesto en duda ayer por uno de los letrados- sosteniendo que "nunca utilizaré semejante ardid --un documento falso-- para intentar conseguir una condena".

DOS LÍNEAS DE TRÁFICO

No obstante, y pese a que "se anula parte importante de las pruebas", todavía hay suficientes para defender que los 15 acusados son culpables de delitos "contra la salud pública", según la fiscal, que fue enumerando individualmente a cada procesado relacionándoles con los hechos que se les imputa por esta causa.

Concretamente, la fiscal aseguró que diez de los acusados traían hachís de Andalucía, destacando que Iván T.P. declaró ante la Policía que realizó, junto a otros de los imputados, "tres viajes" al Sur, trayendo del segundo "40 kilos" de mercancía, que 'colocaron' en la casa de su primo, Iván T.A.

La fiscal recordó también cómo en el propio juicio el gaditano Andrés L.J. reconoció que tres de los acusados bajaron a Cádiz a por "chocolate", y que en las declaraciones aportadas al caso constan afirmaciones de Iván T.P. que "dice que Ricardo B.C. era el jefe de la organización" de la trama del hachís y que "sin él no se hacía nada".

Respecto a la línea gallega, la fiscal sostuvo que el 'charlín' suministraba desde Vigo la droga a Jesús Manuel L.B., quien guardaba las sustancias estupefacientes en casa de "su tía", la procesada Ana María L.B., mientras que el dinero procedente de la venta lo escondía en el piso de "su abuela", también procesada, aunque falleció recientemente.

Otro de los acusados en esta trama es Iván L.B., hermano de Jesús Manuel L.B., quien intentó, según la fiscal, durante el juicio "exculpar" tanto a Jesús Manuel como "a su tía" de su "implicación" con la droga y el dinero en metálico que se encontró en ambos pisos. Por último, el quinto implicado de la línea gallega es Gregorio F.F., quien hacía "de correo" para distribuir luego la coca en "menudeo" por la región.