La Fiscalía renuncia a reclamar a Telefónica que devuelva lo cobrado por la identificación de llamadas a fijos

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria ha renunciado a la reclamación a Telefónica de devolver a sus clientes el cobro por la identificación de llamadas en los teléfonos fijos por lo "inabordable" que, económicamente, le resulta notificar a los afectados que puedan ser identificados de su derecho a exigir el reintegro de lo pagado por este servicio.

Así lo ha anunciado este martes en una rueda de prensa la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV), a instancias de la cual la Fiscalía presentó el año pasado un escrito de demanda contra Telefónica de España promoviendo lo que se denomina acción de cesación, en defensa de los intereses consumidores, por la implantación del cobro del servicio de identificación de llamadas en los teléfonos fijos.

El secretario de la FECAV, Fernando Crespo, ha reconocido que, tanto para la Fiscalía de Cantabria como para la organización vecinal que representa, resulta "inalcanzable" e "imposible" sufragar el coste de notificar a los afectados "de manera fehaciente" su derecho a reclamar, tal y como establece el artículo 15.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así ha anunciado que la Federación ha decidido acudir a todas las instancias competentes para solicitar al Congreso de los Diputados modificar esta exigencia legal.

Ha justificado su petición al entender que ese "condicionante" legal "impide" que se desarrolle "en toda su extensión" lo previsto en la Ley General de Consumo y el texto refundido en relación con la defensa de los colectivos difusos de los consumidores.

Así, reclama que "al menos" para los servicios básicos de agua, gas, electricidad y telefonía no sea necesario la notificación a los afectados que son, según ha señalado, todos los clientes que tiene Telefónica en España y cuentan con servicio de identificación de llamadas.

Según ha recordado, éste comenzó siendo gratuito pero pasó a cobrarse desde 2008, advirtiendo de que aquellos abonados que no estuvieran de acuerdo serían dados de baja en el servicio de telefonía.

A juicio de Crespo, esto suponía un incumplimiento de contrato por parte de Telefónica y dejaba sin servicio a muchas personas que no tenían otra alternativa para recibirlo sino era a través de esta empresa, con lo que se convertían en "consumidores secuestrados obligados a aceptar la imposición unilateral" de la compañía.

Desde la FECAV estima que las cantidades cobradas indebidamente ascienden a unos 200 millones de euros, a más de 19 euros por cada cliente.