El Gobierno recurre la inadmisión de la querella por calumnias e injurias sobre el caso de un menor tutelado

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha recurrido la inadmisión a trámite de la querella interpuesta por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) contra varias personas y asociaciones por presuntas calumnias e injurias en relación al caso de un menor.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander inadmitió a trámite la querella el 31 de octubre del año pasado, apenas dos semanas después de ser presentada. El recurso del Gobierno contra el auto de inadmisión está pendiente de resolución en la Sección Segunda de la Audiencia, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Se trata del caso de la pareja de Camerún que perdió la patria potestad de su hijo y lleva varios años pleiteando con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para recuperar su tutela y para que les dejen ver a su hijo, que se encuentra en régimen de preadopción con una familia de acogida.

La querella del Gobierno se dirige contra cuatro personas a título individual, entre ellas una periodista, y contra tres asociaciones, entre ellas la Asamblea por la Libertad de W, "por las manifestaciones vertidas en ciertos diarios y blogs en relación con la actuación llevada a cabo por los Servicios Sociales de Cantabria".

En el auto que inadmite la querella, recogido por Europa Press, el juez señala que esas manifestaciones contienen "una serie de alusiones genéricas a robo de niños, procedimientos fraudulentos, irregularidades,... de las que, al margen de su mayor o menor ligereza, no cabe deducir la imputación de un delito específico" al ICASS.

"Si quiera de las mismas se desprende una voluntad de injuriar y sí de criticar; y es a dicho ámbito de crítica, irrelevante desde el punto de vista penal y derivada de una actuación de la Administración que suscitó cierta polémica, al que deben vincularse las expresiones vertidas por los querellados", señala el auto.

En conclusión, "podría afirmarse que los querellados actuaron con cierta ligereza en sus manifestaciones, pero ello solo les haría merecedores de un reproche ético-social y, en su caso, la posible consecuencia de asumir responsabilidades en la esfera civil, pero no un reproche penal, si quiera como falta de injurias", concluye la resolución judicial.

La querella, que tipificaba los hechos denunciados como calumnias con publicidad e injurias graves con publicidad, se apoyaba en un acuerdo del Consejo de Gobierno de julio del año pasado, al que ha tenido acceso esta agencia.

El acuerdo autorizaba a la Dirección General del Servicio Jurídico a "ejercitar acciones civiles y penales contra cualesquiera personas que, por cualquier medio, manifiesten, publiquen o difundan opiniones o informaciones, oralmente o por escrito, de contenido injurioso o calumnioso, o que atente contra el honor, la dignidad o la propia imagen del Gobierno de Cantabria, el ICASS o sus empleados en relación con el caso de un menor".

DECLARADO EN DESAMPARO EN 2009

El niño, que ahora tiene diez años, lleva cinco separado de su familia biológica y se encuentra con una familia de acogida en régimen de preadopción. En 2009 el ICASS le declaró en desamparo tras varios ingresos hospitalarios en poco tiempo, y los padres fueron acusados de un delito de malos tratos del que han sido absueltos, tanto en primera instancia (la administración recurrió) como por la Audiencia Provincial en sentencia firme.

Transcurridos dos años de la declaración de desamparo, perdieron la patria potestad del menor, y en la vía civil les han desestimado todos los intentos para que se revoque dicha declaración y el niño vuelva con su familia biológica.

El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander decretó en febrero de 2014 que no era necesario su asentimiento en el procedimiento de adopción del menor que se está tramitando, sino que simplemente debían ser oídos, sentencia que la Audiencia provincial confirmó y elevó a firme el pasado mes de julio, según ha confirmado Europa Press.

Ferdinand Kome y su esposa Monique, que tienen otros dos hijos, acusan al Servicio de Protección de Menores de "prácticas inhumanas" en este proceso y denuncian que el ICASS "quiere consumar la adopción sin escucharnos". Una de las acciones que han puesto en marcha para intentar evitarlo es la recogida de firmas de apoyo a través del portal www.libertadparaw.blogspot.com y de la plataforma de peticiones Change.org.

No tienen contacto con su hijo desde diciembre de 2010, fecha en la que se suprimieron las visitas inicialmente concedidas. La pareja ha demandado al ICASS para que se les permita relacionarse con su hijo y reanudar las visitas, pero el mismo juzgado se lo ha denegado, y la Audiencia Provincial acaba de desestimar su recurso y de confirmar la resolución de primera instancia.

La Asamblea por la Libertad de W., plataforma ciudadana que apoya la lucha de Ferdinand y Monique, y que es uno de los colectivos contra los que se dirige la querella del Gobierno, denuncia que el niño fue "arrebatado injustamente de su familia"; que el ICASS cometió "un grave error"; y que los diferentes juzgados de la vía civil "no han prestado atención ni al peritaje independiente, que demuestra no sólo la buena voluntad, sino la evolución positiva de los padres, ni a las sentencias de lo penal, que demuestran que no sólo no hubo maltrato, sino tampoco dejación en las funciones de los padres".