Ya no habrá "más intentos de legalización" y "se respetará" la decisión de los tribunales sobre las licencias
SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria prevé que "antes de que finalice marzo" estén concedidas todas las autorizaciones provisionales a las viviendas con sentencia de derribo susceptibles de ser legalizadas y, "como mucho, en mayo" tener cerrados los acuerdos de responsabilidad patrimonial con los afectados.
Así lo ha apuntado este lunes en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quien, además, ha señalado que, tras la concesión de las autorizaciones provisionales y una vez planteadas las licencias, no habrá por parte de "más intentos de legalización" y "se respetará" la decisión que tomen los jueces sobre cada una de ellas.
De esta forma, se demolerán las viviendas cuyas licencias no tengan el respaldo de los tribunales y la Administración o bien indemnizará económicamente a los afectados o asumirá el coste del realojo y la construcción de una vivienda similar que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada municipio dé por buena.
Esta es el modelo de acuerdo de responsabilidad patrimonial planteado para aquellas viviendas a las que se les conceda inicialmente la autorización provisional, que sumarán, según el Gobierno regional, 449.
Según Fernández, en estos casos los acuerdos de responsabilidad patrimonial que se quieren suscribir con los propietarios es "por si las cosas salen mal" en los tribunales y, finalmente, algunas de las licencias son anuladas.
El consejero ha insistido en que espera que "más de 400" viviendas puedan ser legalizadas y ha asegurado qeu "hay casos", como el de la L05 o Entrelindes, en los que "le cuesta pensar" que puedan ser anuladas las licencias que se concedan tras las autorizaciones provisionales.
Para aquellas que ya en inicio no son susceptibles de ser legalizadas y, por tanto, no les será concedida la autorización provisional, como las 130 de La Arena (Arnuero), el acuerdo de responsabilidad patrimonial incluye el compromiso de la Administración a entregar a las familias una vivienda de "similares" características y solo cuando estén construidas estas nuevas se demolerán las anteriores, las ilegales.
Además, el acuerdo prevé que si la Administración no cumple con este compromiso se indemnizará a los afectados en la cantidad que fije un "jurado arbitral" independiente en un proceso "ágil y rápido".
También las familias de estas viviendas sin posibilidad de ser legalizadas pueden no optar por la sustitución de su vivienda por otra y solicitar ya la indemnización económica en el modo fijado por los tribunales, que es el valor de escritura actualizado con el IPC.
El consejero ha explicado que los acuerdos de responsabilidad patrimonial más avanzados son los de La Arena, en Arnuero, y el de las viviendas de Escalante.
Ha confiado en que "la mayoría" de las familias afectadas suscriban los acuerdos de responsabilidad patrimonial y ha explicado que, de momento, es menos de media docena los propietarios que parecen optar por no esperar y se decantan por ser indemnizados ya.
EL COSTE
Cuestionado por el coste de hacer frente a los derribos y a los acuerdos de responsabilidad patrimonial el consejero ha opinado que "no merece la pena hacer muchos cálculos" porque depende de cuál sea el escenario final, es decir depende de cuántas viviendas puedan ser finalmente legalizadas y cuántas tengan que ser derribadas.
Sí ha recordado que, a inicio de legislatura, el Gobierno regional estimó que si hubiera que derribar todas las viviendas con sentencia de derribo e indemnizar a todas ellas, el coste podría ser de entre 150 y 250 millones de euros. Otros colectivos como AMA, la asociación que aglutina a los afectados, lo elevó hasta los 300 ó 350.
El encargado de sufragar los costes del derribo de las viviendas que no sean legalizadas, de construir las viviendas de sustitución o de pagar las indemnizaciones económicas correspondientes dependerá de cada caso ya que, en aquellos en que se haya determinado que la responsabilidad sea compartida entre Gobierno regional y Ayuntamiento, los gastos también se compartirán.
Sin embargo, Fernández ha explicado que será el Ejecutivo regional el que inicialmente asumirá los costes y posteriormente los ayuntamientos reintegrarán al Gobierno la parte que les corresponda. Para ello, se establecerán convenios con los municipios y se fijará un plazo de devolución, que se intentará que sea "lo más amplio posible" para que los municipios no vean comprometidos, por este asunto, sus presupuestos.
AUTORIZACIONES PROVISIONALES
Sobre las autorizaciones provisionales, Fernández ha informado de que en la actualidad ya se han concedido 183 autorizaciones provisionales de las 445 que se esperan tener otorgadas en el primer trimestre de este año.
Las últimas en ser aprobadas han sido 110 en Miengo, concedidas el pasado viernes, que se unen a las 32 de Escalante y a las 41 de Piélagos (20 en Entrelindes y 21 en la L05).
Fernández, que ha estado acompañado por la secretaria general de la Consejería, Ana García-Barredo, y el director de Urbanismo, Fernando de la Fuente, ha explicado que en este momento hay otras 262 en tramitación, 22 en Piélagos y 240 en Argoños, si bien --ha insistido-- espera que en marzo ya estén concedidas todas, lo que sumaría el total de 445 viviendas con autorización provisional.
Además, hay otras cuatro viviendas en Camino del Portillo que en este momento están en un contencioso, con lo que serían 449 las viviendas con autorizaciones como paso previo a las licencias.
En cuanto a las otras viviendas en las que no cabe legalización, hay 102 en La Arena, 17 en Cerrias y 11 en Argoños.
También se van a derribar las del Alto del Cuco, en Piélagos, algo que el consejero prevé que ocurra este mismo año o, al menos, en que se "impulse" este proceso.
