Una jueza admite una querella de los taxistas cántabros contra el alcalde de Vega de Pas por prevaricación

SANTANDER, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una jueza de Medio Cudeyo ha admitido a trámite la querella presentada por la Federación Cántabra del Taxi contra el alcalde de Vega de Pas por la prestación, en este Ayuntamiento, del transporte sociosanitario de personas sin autorización, lo que a juicio del colectivo podría constituir delitos de prevaricación administrativa.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo acuerda admitir a trámite la querella de los taxistas cántabros -y la documentación adjunta- así como dar traslado de la misma al regidor, del que se recaban antecedentes y al que se hace el ofrecimiento de acciones.

Según el escrito de la Federación (que aglutina a casi dos centenares de profesionales), remitido al juzgado y consultado igualmente por esta agencia, el Consistorio es propietario del vehículo con el que se viene prestando el servicio en cuestión de forma "sistemática, continuada y pública" y sin la preceptiva autorización legal.

Los taxistas detallan al respecto que el automóvil circula con el rótulo 'Transporte sociosanitario' y símbolos municipales y se ocupa del traslado "habitual" de personas.

De acuerdo con los querellantes, esta actividad infringe artículos de las leyes de Ordenación de los Transportes Terrestres de Transporte de Viajeros por Carretera de Cantabria.

Consideran "evidente" que el que realiza el Ayuntamiento es "un transporte regular de uso especial" y entienden que tanto el vehículo como la administración municipal "carecen de autorización para llevar a cabo este tipo de transporte".

Conforme a la citada normativa, el transporte asistencial está especializado en el traslado de personas que por su edad, condición física o mental u otras circunstancias precisen una atención especial o planteen necesidades específicas de transporte, en tanto que los servicios de transporte público regular de viajeros de uso especial "únicamente podrán prestarse cuando se cuente con la correspondiente autorización especial que habilite para ello, otorgada por la administración competente".

Y dicha autorización "solo podrá ser otorgada a una persona, física o jurídica, que previamente sea titular de autorización para el transporte público de viajeros de ámbito suficiente".

INFRACCIÓN NORMAS Y POSIBLE PREVARICACIÓN.

Con lo anterior, la Federación Cántabra del Taxi entiende que "se desprende inicialmente que el Ayuntamiento está incurriendo en una flagrante infracción de las normas administrativas" e, "indiciariamente, en un delito de prevaricación", pues "no solo se está incumpliendo la legislación estatal y autonómica, sino que el propio Ayuntamiento ha institucionalizado una actividad ilegal".

En este sentido, resaltan que "lejos de ser una actividad puntual", el servicio está reglamentado por la ordenanza fiscal que regula el precio público por Servicio de Transporte Sociosanitario del Ayuntamiento de Vega de Pas, que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en diciembre de 2004.

En la exposición de motivos, y según rematan los taxitas, el Consistorio "reconoce la carencia de servicio público de transporte en el municipio" y, "lejos de subsanarla mediante la contratación de profesionales autorizados" conforme a la ley de Transportes Terrestres o de "canalizar esta carencia por los cauces legales" -licitación pública-, "opta por crear un sistema paralelo" a la norma y "decidid instituir un servicio de gestión directa con tarifas propias y personal sin la capacitación profesional legalmente exigible".

Antes de presentar la querella, se denunció la situación tanto ante la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria como ante el propio Ayuntamiento, sin que ninguno de ambos organismos "haya hecho nada" al respecto, concluyen los taxistas.