Fiscalía solicita una condena de 12 años de cárcel y 28 años de inhabilitación
SANTANDER, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará esta semana al que fuera alcalde pedáneo de Sámano entre los años 2007 y 2011, Javier Eguren, por dos delitos continuados de prevaricación y otro delito continuado de malversación, por los que la Fiscalía solicita una condena de 12 años de cárcel y 28 años de inhabilitación. El juicio comenzará este lunes, 25 de abril, y está previsto que se prolongue durante toda la semana.
Además, se juzga a su esposa y a un compañero de partido, quienes fueron contratados irregularmente como asesora y tesorero, respectivamente. El fiscal les considera cooperadores necesarios y pide para su mujer 11 años de cárcel y 18 de inhabilitación; y para el otro acusado, seis años de prisión y diez de inhabilitación.
Según el relato del ministerio fiscal, el que fuera alcalde pedáneo de Sámano entre 2007 y 2011 (por el PSOE), empleó una subvención concedida por el Ayuntamiento de Castro Urdiales para realizar inversiones relacionadas con la gestión del agua, para fines distintos.
Tal y como detalla en su escrito, durante su mandado realizó diversas adjudicaciones directas de distintos servicios empleando mecanismos tales como fraccionamiento del contrato o incluso superando las cantidades y el límite temporal de la contratación menor. Estas actuaciones merecen, a juicio del fiscal, la calificación de delito continuado de prevaricación.
Además, durante esos años destinó presuntamente dinero público para uso particular: hasta un total de 40.000 euros se gastaron en comidas, 10.000 euros en cestas de navidad sin finalidad pública; cerca de 9.000 euros para la compra de ordenadores y dispositivos electrónicos de uso particular; y más de 6.000 euros para compras en grandes superficies.
Junto a ello, el fiscal señala que contrató una línea telefónica para su esposa que acumuló facturas de cerca de 11.000 euros, así como otras dos para uso por personas ajenas a la Junta Vecinal. Todos estos gastos de dinero público para uso particular merecen, a juicio del ministerio público, la consideración de un delito continuado de malversación.
Finalmente, el fiscal imputa al pedáneo otro delito continuado de prevaricación por ordenar a la gestoría encargada de elaborar las nóminas de la Junta Vecinal que incrementara los distintos conceptos de su nómina. También ordenó que elaborasen sendas nóminas a favor de su esposa -como asesora- y de un compañero de partido -como tesorero-, pese a contar con el rechazo del pleno.
