Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo
SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad (PP), ha acusado al Partido Socialista, que está a cargo del Ministerio de Memoria Democrática, y a la Asociación Héroes de la República de iniciar la exhumación de tres combatientes republicanos junto al muro del cementerio de Mirones (Miera) sin la autorización de excavación arqueológica ni el trámite de información pública.
Así lo ha manifestado, a preguntas del portavoz socialista Mario Iglesias, en la sesión plenaria de este lunes, en la que Martínez Abad ha asegurado que con la Ley de Patrimonio Histórico los miembros de la Asociación "podrían ser sancionados; se podría haber parado la excavación y no se ha hecho".
Además, ha señalado que el Ministerio no ha cumplido el trámite de información pública "que exige la Ley de Memoria Democrática para estos casos".
En esta línea, ha manifestado que entre el PSOE y el PP "hay una gran diferencia" en esta materia porque los socialistas apostaron por una ley que "divide a los españoles en buenos y malos con el único objetivo de abrir viejas heridas", mientras los 'populares' lo hicieron por una ley "de consenso cuya única finalidad es restaurar la memoria de todas las víctimas sin hablar de bandos o de buenos y malos".
Por su parte, el portavoz socialista ha criticado que la Consejería no ha dado "señales de vida" hasta que la Fiscalía le ha trasladado las denuncias de la Asociación y han comenzado las exhumaciones con fondos estatales. Además, ha lamentado que el Gobierno regional ha puesto "obstáculos" y ha ofrecido promesas "vacías" a las familias.
A ello, el consejero de Cultura ha respondido que, cuando recibió la comunicación de la Fiscalía, la Dirección General de Cultura y Patrimonio no había recibido ningún registro por parte de la Asociación sobre este expediente del Gobierno regional que ya estaba en curso.
Después, instó a la Asociación a presentar la documentación necesaria para continuar el proceso de exhumación, con detalles como la localización correcta de la fosa, que fue entregada el 10 de noviembre.
Con esa información, la Consejería remitió un informe al fiscal, que no detectó "incidencias reseñables" que motivaran su actuación y archivó la denuncia contra el Gobierno regional "sin más trámites".
Por otro lado, Martínez Abad ha detallado que la Consejería sólo tiene otros dos expedientes relativos a la Ley de Memoria: uno respecto a una lápida con el yugo y la flecha en una iglesia y el otro sobre una foto en un bar de Santander, ambos relativos al mes de octubre.
LA EXHUMACIÓN
La sociedad científica Aranzadi es la encargada de los trabajos de búsqueda, exhumación e identificación de los restos de los tres combatientes republicanos asesinados el 15 de septiembre de 1937 y enterrados en una fosa común junto al cementerio parroquial de la localidad de Mirones, en el municipio de Miera, unos trabajos promovidos y financiados con más de 13.000 euros desde el Gobierno de España.
Se trata de Cecilio Romaña, Luis Portillo y Alejandro Miquelarena, tres vecinos de Castro Urdiales que fueron fusilados y tirados al río, de donde los vecinos del pueblo recogieron sus cuerpos y los enterraron extramuros del cementerio.
Los trabajos, encargados por el Gobierno a la Asociación Héroes de la República y desarrollados por Aranzadi, buscan dar "dignidad, justicia y reparación" a las víctimas y sus familias.
REAPERTURA DEL MATADERO DE LIÉBANA SIN FECHA
En otro punto del orden del día, la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha afirmado que el Gobierno sigue trabajando en la reapertura del matadero de Liébana, para que "sea sostenible en el tiempo sin generar más deuda ni falsas expectativas".
Sin embargo, no ha concretado la fecha prevista para la reapertura, en la que llevan "meses trabajando", y ha avanzado que esta trabajando en una propuesta "atractiva" para poder licitarlo "antes de que finalice esta legislatura".
Así ha respondido al diputado socialista Joaquín Gómez, que ha recordado que se trata una resolución aprobada por la mayoría de la Cámara regional durante el Debate de Orientación Política del pasado 27 de junio. Además, ha señalado que esta instalación, inaugurada en 2010 y con un coste de 3,5 millones de euros, lleva cerrada desde 2013.
Por su parte, la consejera ha criticado al PSOE por preguntar por una instalación "de la que no han querido saber nada nunca". Además, ha dicho que se trata de una edificación "sobredimensionada" para las necesidades de la comarca y que sus "altos costes de mantenimiento" obligan al Ejecutivo a financiarlo.