El consejero valora que la teletramitación judicial se conseguirá a finales de año, "en un tiempo récord"
SANTANDER, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, recalca que "la última palabra" en las actuaciones sobre las urbanizaciones afectadas por sentencia firme de derribo en distintos municipios costeros de la región la tiene la Administración de Justicia.
"Hay que ser muy conscientes de que la última palabra desde el punto de vista legal de la actuación depende de lo que resuelvan los órganos jurisdiccionales", señaló en una entrevista con Radio Nacional de España en la que participó Europa Press.
En ella, mostró su preferencia por la fórmula, planteada en la anterior legislatura, cuando él tenía las competencias en materia de ordenación del territorio, de reconocer aprovechamientos urbanísticos a los propietarios de viviendas afectadas por sentencias de demolición.
Se trata de "intentar entre todos" compensar a los perjudicados con suelo "en otras zonas" del territorio del municipio, en una medida que, recordó, está avalada por el Defensor del Pueblo, quien la acogió "muy bien".
Esta fórmula cuenta como ventaja que se puede desarrollar "paulatinamente" y no hay, por tanto, que "esperar al derribo", ya que, según ha fijado el Tribunal Supremo, la responsabilidad patrimonial --y en consecuencia la indemnización-- no se puede reclamar hasta que no se haya producido el daño, es decir, el derribo.
En este punto, no obstante, el consejero considera que hay analizar las indemnizaciones y compensaciones "caso a caso" y "supuesto a supuesto", debido a que las condenas en unos casos son a los Ayuntamientos y en otras, de forma conjunta a municipios y Administración autonómica.
Mediavilla explicó que el Gobierno regional tiene un plan "para mitigar en la medida de lo posible" los perjuicios de esta situación a sus propietarios, que sufren "daños en su patrimonio", pero también perjuicios morales.
No obstante, el consejero de Presidencia precisó que no hay "soluciones únicas", al tratarse de "cuestiones complejas", ya que las anulaciones de licencias que llevaron a las sentencias de derribo no han sido todas por la misma causa, por lo que exigen "tratamientos diferenciados".
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Por otra parte, el consejero valoró que la Administración de Justicia habrá logrado, para finales de 2010, "en tiempo récord", incorporar la teletramitación de procedimientos judiciales y la implantación de medidas de modernización.
Esto ha sido posible gracias a un "trabajo arduo" por parte de los profesionales, funcionarios y colectivos, además de a la colaboración del Poder Judicial en el seno del Grupo de Trabajo; pero también a que hubo una "fase previa" en la que se actuó sobre las bases de datos y el Centro de Protección de Datos (CPD), y se produjo la renovación del parque informático judicial.
Así, la experiencia piloto del programa de teletramitación Verde comenzará en breve en los juzgados de Medio Cudeyo, y en cuanto se compruebe que funcione satisfactoriamente, se iniciará su "implantación paulatina" en el resto de partidos judiciales.
De esta forma, la teletramitación servirá como "acicate importantísimo" para la evolución de una Administración, la de Justicia, "basada en un modelo decimonónico y atrasada en términos tecnológicos".
En cuanto a los trabajos en las sedes judiciales, tras la ampliación del complejo de Salesas, en Santander, "recientemente concluido", sólo queda la rehabilitación del Convento de la Santa Cruz, frente al Parlamento, la antigua Tabacalera.
Este edificio albergará las sedes institucionales del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la Audiencia Provincial y la Fiscalía Superior de la Comunidad, y cuando se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, el Gobierno tendrá "cobertura suficiente" para solicitar la licencia, algo en lo que desde Presidencia y Justicia se trabaja "en estos momentos".
