Un nuevo auto del TSJC ordena que se inicie el derribo de 22 viviendas en Las Llamas II, en Argoños

SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha ordenado que se inicie ya la demolición de 22 viviendas con sentencia firme de derribo ubicadas en la urbanización Las Llamas II, en el municipio de Argoños.

El auto se suma a los que se han ido conociendo en las últimas semanas relativos a otras construcciones declaradas también ilegales, e insiste una vez más en su aviso al alcalde de que podrá ser multado si no comienza ya los derribos.

Igualmente, deduce de nuevo testimonio a la Fiscalía por si se hubiera incurrido en prevaricación y malversación con el presupuesto municipal previsto para los trabajos de demolición.

Este nuevo auto, fechado el pasado 19 de mayo y dado hoy a conocer por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), reproduce los mismos argumentos del primer auto dictado por la sala en el mes de marzo instando la ejecución de los derribos --entonces la resolución afectaba a cinco viviendas-- y repite también los mismos reproches al Consistorio.

En concreto, el TSJC da un plazo de 15 días al alcalde de Argoños, el 'popular' Juan José Barruetabeña, para que se inicie el derribo de las 22 viviendas. Además, ordena que la demolición concluya antes de seis meses porque, si no se cumple el plazo de inicio o el de conclusión señalados, el alcalde será multado por delito de desobediencia. Los plazos contarán desde la fecha de notificación del auto del TSJC al Consistorio.

En su resolución, la Sala de lo Contencioso acuerda también que se deduzca testimonio a la Fiscalía, por si hubiera posibles delitos de prevaricación y malversación en la actuación del alcalde por gastar presuntamente el presupuesto destinado a derribos, ya que en noviembre de 2008 el regidor aseguró en un medio de comunicación que el Consistorio no tiene fondos para asumir las demoliciones.

Aunque estas 22 viviendas tienen sentencia firme de derribo desde el año 2002, a día de hoy siguen en pie tras sucesivos escritos presentados ante la Sala por el Consistorio, al que el TSJC reprocha su "actitud claramente obstruccionista" y su "clara voluntad de oposición", no sólo a ejecutar la sentencia, sino también a informar de forma individualizada sobre los avances de los distintos procedimientos de demolición pendientes en el municipio.

AMA

A la vista de este nuevo auto, AMA pide al Gobierno de Cantabria "una actuación rápida, que dé seguridad jurídica y que ofrezca los instrumentos necesarios a los jueces para que puedan tomar decisiones que no lesionen los legítimos derechos de los afectados".

En su opinión, no se entiende que la vicepresidenta cántabra, Lola Gorostiaga, diga que el Gobierno está buscando soluciones para los afectados y los tribunales "sigan emitiendo autos que ponen en evidencia la disfunción entre las actuaciones de las dos administraciones". Tampoco comprenden que el Parlamento Europeo y el Parlamento de Cantabria hayan pedido una solución para los afectados y, en cambio, sigan sin tenerse en cuenta sus derechos.

También les sorprende que el TSJC reitere en cada auto su propuesta de que se investigue al alcalde por malversación de fondos y prevaricación y se preguntan si acaso es que se van a realizar tantas investigaciones como autos. A su juicio, lo que ocurre es que "alguien busca la pena de publicidad y banquillo para el alcalde" para así "meterle miedo para que no defienda a los ciudadanos de su pueblo".

Asimismo, la asociación de afectados cuestiona la actitud de la asociación ecologista ARCA, promotora de los recursos en su día y ahora de las peticiones de ejecución de sentencia, y critica que ARCA "se reúne, pacta y llega a acuerdos" con las administraciones pero, en cambio, a ellos no les recibe.

"Públicamente dicen estar de acuerdo con las indemnizaciones o los aprovechamientos urbanísticos, pero en los tribunales siguen presionando para que se realicen los derribos sin ninguna compensación previa a las personas inocentes", lamenta AMA.

Por último, aprovechando la campaña de las elecciones europeas, AMA reivindica el "pleno respeto" al Derecho comunitario y a los derechos fundamentales, incluido el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que "ningún ciudadano pague la penas que corresponden a las administraciones" y "ningún Tribunal deje a las víctimas sin protección".