Mediavilla cree que los compradores deberían instar la resolución de contrato
SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los afectados por la anulación del Plan Parcial del Alto del Cuco piden recuperar el dinero que han entregado por las viviendas, una media de entre 48.000 y 60.000 euros, una vez que dan las mismas por perdidas si "no cambian mucho las cosas".
También el consejero de Presidencia y Urbanismo, Vicente Mediavilla, ve "muy difícil" o "casi imposible" que la actuación se pueda legalizar, aunque sí cree que los afectados puedan recuperar el dinero. Además consideró que éstos deberían instar la resolución del contrato.
Así lo señalaron al término de la reunión que mantuvieron esta mañana representantes de los afectados con el consejero, en la que éste les informó y entregó documentación sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU) y el Gobierno regional en contra de la aprobación de dicho Plan.
Según explicó el portavoz de los afectados, Óscar Gutiérrez, su objetivo ahora es recuperar el dinero que han entregado por las viviendas, todavía no escrituradas y sobre las que existen contratos de compraventa. "Nosotros hemos actuado conforme a la legalidad y exigimos recuperar lo que hemos entregado, no menos", señaló.
Los afectados culpan "a todos" de lo ocurrido y "todos se culpan a todos, pero las víctimas reales somos nosotros", afirmó Gutiérrez, quien añadió que "al final, todos han actuado legalmente, pero existe una sentencia de derribo y, realmente, los que hemos actuado legalmente y comprado legalmente somos nosotros y tenemos derecho a que se nos resarza", recalcó.
El portavoz señaló por otro lado que van a pedir una reunión con los responsables del Ayuntamiento de Piélagos que, según dijo, aún no se han puesto en contacto con ellos; "todavía es un poco pronto, porque nos estamos constituyendo como asociación", dijo. Respecto a la empresa constructora, recordó que este viernes representantes de Fadesa se reunirán con todos los afectados.
RESOLUCIÓN DE CONTRATO
Sobre las posibles alternativas que tienen los compradores, Mediavilla afirmó que "si estuviese en su pellejo, instaría la resolución del contrato por propio sentido común, porque nadie quiere comprar un pleito y en este caso estarían comprando un pleito".
Señaló al respecto que el Ejecutivo ha pedido la suspensión del Plan como medida cautelar y, si el TSJC lo acepta y se paraliza la obra, es "obvio" que la promotora no va a poder cumplir su contrato, por lo que surgiría una causa de resolución.
En su opinión, existe posibilidad de que los afectados recuperen su dinero, no obstante destacó que quien tiene que plantear alternativas no es el Gobierno, que informó en contra del Plan, requirió al Ayuntamiento para que no lo aprobara y después lo recurrió, sino que tendrán que ser la promotora y el alcalde de Piélagos los que pongan "sobre la mesa" sus propuestas, "si es que existen, que lo veo muy difícil en este caso", subrayó, dado lo "contundente" de la sentencia.
Mediavilla reiteró que el "único culpable" de lo ocurrido es el alcalde y el equipo de gobierno del PP Piélagos que, "en contra del sentido común y de la legalidad" aprobaron el Plan sin hacer caso de los informes "contundentes y desfavorables" de la CROTU y del posterior requerimiento del Gobierno para que lo anulara.
Un plan que, recordó, no sólo es nulo por el "impacto paisajístico", como señala la sentencia del TSJC, sino porque "incumple" la Ley del Suelo de Cantabria y la de supresión de barreras arquitectónicas, cuestiones "todas ellas" que se reflejaban en los informes de la CROTU y del Ejecutivo regional.
SENTENCIA "MUY DISTINTA" A OTRAS
Para Mediavilla, esta sentencia es "muy distinta" a otras de derribo que se han producido en la comunidad autónoma, porque "aquí no ha habido ninguna corresponsabilidad por parte del Ejecutivo", que "siempre ha luchado" en contra de esta actuación y "desde el primer momento" advirtió de que se trataba de una "aberración" y un "auténtico despropósito urbanístico".
El consejero recordó por otro lado que los compradores no han elevado a escritura pública sus contratos y "seguramente surgirá una causa de resolución del contrato", que podrán ejercer o no. Desde el punto de vista de la responsabilidad, consideró que los afectados podrían iniciar acciones en contra del Ayuntamiento de Piélagos, por conceder licencias "manifiestamente ilegales".
"Vemos muy difícil o casi imposible cualquier actuación legalizadora en este ámbito", añadió el consejero, quien subrayó que desde el Gobierno regional "no vemos ninguna alternativa que no sea el derribo".
Señaló además que el Ejecutivo no tiene intención de hablar con la promotora, ya que "si el Ayuntamiento y Fadesa no nos hicieron caso en un primer momento, ¿por qué nos van a hacer caso ahora?", se preguntó. Recordó al respecto que "mucho antes" de que se ejecutase el Plan Parcial expuso a los responsables de la empresa el "demoledor" informe de los técnicos de la Consejería y les advirtió del impacto paisajístico de la actuación y de que incumplía la Ley del Suelo, "y no me hicieron caso Fadesa ni el Ayuntamiento", reiteró.
"NO PIERDO EL TIEMPO"
Indicó que los nuevos propietarios de la empresa han pedido cita con el presidente regional y con el propio consejero, "pero yo no pierdo el tiempo" después de que el "máximo órgano" en materia de urbanismo de la comunidad autónoma se pronunciara en contra del Plan. "Es más, el Ayuntamiento corrió a aprobarlo para que no entrara el Plan de Ordenación del Litoral en ese ámbito", recalcó.
"El que haya concedido licencias y haya aprobado el plan que plantee las soluciones, si es que existen, no va a ser el Gobierno, que ha dicho no a una cosa que se ha hecho en contra de nuestro criterio", insistió.
Por último, el consejero recordó que el PP le ha acusado en varias ocasiones de "invadir la autonomía municipal", que "ya veo como la ejercen algunos", en referencia a la aprobación por el Ayuntamiento de Piélagos del Plan pese a los informes de la CROTU. Sin embargo, consideró que "no es un problema de ley, sino de cómo se ejercitan las competencias".
