Publicado: martes, 2 agosto 2022 17:44

SANTANDER, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha criticado "el seguidismo" del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, al plan de ahorro energético del Gobierno central y ha asegurado que "si no viviera de espaldas a la realidad, se desmarcaría de un decreto que pagarán las familias, las empresas y un sector económico entero como el comercio".

"Como siempre, Revilla es el barón socialista más disciplinado", ha afirmado en nota de prensa Buruaga, quien ha criticado que el presidente de la comunidad "respalde y diga amén a todo lo que dicta Pedro Sánchez, aunque sea un disparate y ponga piedras a las familias y a un sector generador de actividad económica y empleo como el comercio".

Para la dirigente popular, "no puede ser que las medidas las paguen siempre los mismos, que sean a costa de seguir exigiendo a familias y empresas que se aprieten el cinturón, mientras los gobiernos central y regional no se aprietan el suyo y siguen derrochando". "Esto es la ley del embudo: lo ancho para ellos y lo estrecho para todos los demás", ha remarcado.

Según Buruaga, "de lo que deberían mentalizarse" tantoRevilla, como "su socio Pedro Sánchez" es de que el sector privado, que es el que genera crecimiento y crea empleo, "no está al servicio del aparato público, sino al revés", al tiempo que se ha preguntado "qué ahorro se van a aplicar a sí mismos y cuándo van a empezar a hacer sacrificios y no precisamente quitándose la corbata".

Además, ha reclamado a Revilla y Pedro Sánchez que "abandonen la demagogia y el populismo y apuesten por un plan serio", que "no puede limitarse" a decir a los ciudadanos y a las empresas a qué temperatura tienen que poner la calefacción o el aire acondicionado y, además, bajo amenaza de sanción, "sino que requiere medidas de calado".

Para Buruaga, ante un problema que "puede ser muy grave no vale con la improvisación y muchos menos con cerrar, prohibir y apagar". Además, ha pedido consenso con las comunidades autónomas y los ayuntamientos "frente a la imposición".

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