El PRC estima en más de 200 millones las medidas aportadas al Presupuesto: "Hemos dado una vuelta de tuerca"

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada y candidata del PRC a las elecciones autonómicas, Paula Fernández, ha cifrado en "más de 200 millones probablemente" la suma de las 24 medidas aportadas por su partido a los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026 en la negociación con el PP, que ha manifestado su "compromiso expreso" de ponerlas en marcha.

"Tengo la palabra de la presidenta", María José Sáenz de Buruaga, ha dicho Fernández, que ha señalado que determinar las partidas de las que se van a detraer los fondos corresponde al Ejecutivo, aunque ha recordado que aprobar los PGC permite que éstos crezcan 220 millones en 2026.

En un desayuno que ha protagonizado este martes con periodistas para detallar las 24 medidas aportadas por su grupo a los PGC --que comenzarán "en unos días" su tramitación parlamentaria tras el acuerdo firmado con el PP la semana pasada--, ha defendido que, más que su importe, lo relevante es el "calado" de las iniciativas, ya que ahondan en las "preocupaciones reales" y cuestiones de "la vida cotidiana de nuestra gente": la dificultad de los jóvenes para emanciparse, el acceso a la vivienda, el coste de la universidad, la movilidad, el refuerzo de la sanidad pública y el sistema educativo, el apoyo al mundo rural o la actividad económica y el empleo.

La regionalista ha afirmado que el Gobierno de los 'populares' tendrá un "margen" para empezar a trabajar en las medidas comprometidas, aunque uno de los primeros objetivos de los regionalistas en cuanto los PGC se aprueben será crear el anunciado comité de vigilancia que estará formado por seis expertos -tres propuestos por PP y tres por PRC-.

Éstos serán ajenos a la política e "independientes" para así determinar de forma objetiva el grado de cumplimiento de los acuerdos, después de que los grupos discreparan en sus análisis sobre la ejecución de las cuentas anteriores pactadas.

En el caso de los regionalistas, propondrán profesionales vinculados al mundo de la economía y de la universidad. Su primer informe se dará a conocer en octubre y el segundo en enero de 2027, aunque mientras tanto el partido también hará una vigilancia "muy estrecha".

La candidata regionalista ha reconocido que este pacto se podría haber alcanzado en noviembre, tras la presentación de los PGC por parte del Gobierno, si éste "hubiera querido realmente", ya que finalmente se han recogido las condiciones exigidas por los regionalistas "en su integridad".

"Es evidente que lo que era imposible es posible y es evidente que nosotros dialogamos, negociamos y escuchamos porque tenemos una responsabilidad muy importante", ha sentenciado. Preguntada por posibles presiones de los alcaldes en estos meses para apoyar las cuentas, ha respondido que "hay que mirar hacia adelante" y cree que se ha demostrado que el PRC es "un partido unido".

Además, ha celebrado que su grupo ha "dado una vuelta de tuerca y conseguido cambiar el Presupuesto que estaba planteado para que responda a las necesidades de progreso de nuestra tierra y a los problemas reales de la ciudadanía". Así, se ha definido como "un partido "influyente" y "de gobierno, también cuando ejercemos oposición".

"Ahora es el Gobierno al que le toca cumplir", ha apostillado, tras manifestar que el pacto es "un voto de confianza" en la presidenta pero no "un cheque en blanco".

24 MEDIDAS

Para combatir esos "problemas concretos", las 24 medidas se articulan en bloques como el destinado a la juventud y el acceso a la vivienda, que contempla la gratuidad de la matrícula universitaria para el primer curso (lo que podría beneficiar a 1.700 familias); becas de excelencia para universitarios y alumnos de FP con las mejores notas (unas 450); o descuentos de hasta el 70% en el transporte para menores de 30 años (más de 150.000 cántabros).

También una 'cuenta vivienda' para menores de 36 años que contará con un 15% de deducción en el IRPF hasta un máximo de 6.000 euros, y la aportación a fondo perdido de 600 euros durante los tres primeros años como incentivo para llegar a las 3.000 cuentas; así como la deducción del 15% en el IRPF por compra o rehabilitación de vivienda.

Otras iniciativas contemplan la deducción del 30% para el pago de gimnasios y licencias deportivas, hasta 150 euros anuales (que afectará a unos 60.000 cántabros); o la rebaja fiscal de hasta 100 euros para quienes reciclen o participen en acciones medioambientales, para compensar la nueva tasa de basuras.

En materia sanitaria, se incluye el compromiso de aumentar la dotación para el Hospital de Laredo, tanto para infraestructuras como personal, con un incremento específico para profesionales de enfermería destinado a las áreas con las peores ratios operativas. Hay también un millón para un plan de estímulo a la Atención Primaria con especial atención al medio rural, y cinco para mejorar los programas de prevención del cáncer en el Servicio Público de Salud.

En este punto, y en alusión al convenio singular con Santa Clotilde impulsado por el Gobierno, Fernández ha expresado que espera que esta dotación sirva para que las mamografías "se sigan haciendo en los hospitales públicos".

También hay un compromiso de aumento de hasta 200 plazas concertadas en 2026 en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y la incorporación del pago del complemento de Atención Continuada al personal estatutario de las instituciones sanitarias para acabar con la "discriminación" existente, ya que se reconocía solo a los médicos.

En otro orden de cosas, incluye el abono de las ayudas pendientes con el sector primario antes de la aprobación del presupuesto; la convocatoria de subvenciones específicas por cinco millones para la implantación y crecimiento de empresas en Campoo y la zona del Besaya, o el aumento hasta los 19,5 millones del Fondo de Cooperación Municipal son otras de las cuestiones que incluye el acuerdo.

Además, dentro de él, se establece que la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2026, la conocida como ley de acompañamiento, no podrá incluir modificaciones legislativas sin contenido económico o de organización administrativa directa, excepto aquellas que pueda pactar con el Gobierno de España para evitar la inconstitucionalidad de normas cántabras.