ASTILLERO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los grupos municipales Regionalista y Socialista en el Ayuntamiento de El Astillero han censurado el "uso abusivo de la mayoría" que hace el alcalde en funciones, el 'popular' Carlos Cortina, para "librarse de su responsabilidad ante el fraude del IVA".
En un comunicado, ambos grupos han mostrado su "absoluto rechazo" ante el Pleno extraordinario que ha convocado Cortina esta tarde y cuyo orden del día, en su opinión, "solo responde a la intención de librarse definitivamente de su responsabilidad por el fraude del IVA, aprovechándose de su mayoría absoluta para denegar las alegaciones que los grupos de oposición han presentado con la resolución que exonera al propio alcalde Cortina y el exalcalde, Ignacio Diego, de responsabilidad patrimonial por el tremendo desaguisado económico causado al Consistorio astillerense".
Ambas formaciones políticas consideran que, de nuevo, Cortina "se salta la legalidad vigente" que no permite realizar actuaciones que se salgan del funcionamiento ordinario del Ayuntamiento, es decir, aquellos actos encaminados a garantizar los servicios a los vecinos, al convocar un Pleno "únicamente para quitarse del medio el resultado de las alegaciones".
"Tanto el Pleno como la comisión informativa han sido convocadas de manera extraordinaria al objeto de librar a un alcalde de algo tan extraordinario como es cometer un fraude con el IVA", han insistido.
Asimismo, socialistas y regionalistas han criticado que el regidor haya emplazado esta convocatoria cuando la Corporación está en funciones y cinco días antes de dejar su puesto de alcalde "por decisión popular".
"Quién no tuvo de dignidad de dimitir de su cargo cuando su actuación le va a costar a los vecinos cerca de 800.000 euros, ni supo aceptar su responsabilidad política al ser imputado por prevaricación y tráfico de influencias, de nuevo vuelve a retorcer la legalidad en beneficio propio", han concluido.
El Juzgado de Instrucción nº3 de Santander confirmó el pasado mayo la imputación de Cortina por un posible delito de prevaricación administrativa, al que añadió otro de tráfico de influencias, por irregularidades en la contratación y pagos a la hermana de una trabajadora municipal, a la que se encargó la elaboración de la relación de puestos de trabajo (RPT) y que también está imputada en la causa.
