SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Varias prostitutas que desarrollaban su actividad en el club La Aguada de Piélagos han negado que sufrieran amenazas, agresiones y extorsión económica por parte sus responsables, en un testimonio que contradice a la tesis del Ministerio Fiscal.
Pero además, una de las mujeres que han testificado este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia de Cantabria, ha desmentido con su declaración a su propia hermana, ya fallecida, cuyo testimonio hablaba de condiciones "extremas" de trabajo en un ambiente marcado por el "miedo".
Frente a la descripción hecha tanto por el Ministerio Fiscal como por la fallecida, las mujeres que han declarado este miércoles ante la Sección Tercera a propuesta de las defensas han explicado que tenían libertad de movimiento, que nunca fueron agredidas ni amenazadas y que, de hecho, sentían "cariño" por el contable del club, J.M.C.
Este hombre es el principal acusado en este causa, y sólo para él se piden penas que suman 33 años de prisión, frente a los 30 que acumulan los otros cuatro acusados, entre los que figuran su pareja, M.M.G., prostituta en uno de los locales, dos ex empleados, o M.J.F., propietario tanto de ese establecimiento como del A-3, en Ponferrada (León).
Pero este procesado es, en realidad, para los policías que instruyeron las investigaciones, una "tapadera" con la que se ocultaba al auténtico propietario, J.M.C., que fue quien le alquiló el local para contratarle después como contable. Desde esa posición, han aseverado, era "quien tomaba las decisiones", mientras su pareja, prostituta, regentaba uno de los negocios.
Además, los agentes de la Brigada de Extranjería han precisado que el proceso de regularización de extranjeros sea "inmediato", motivo por el cual niegan que se ofrecieran la legalización de las mujeres a cambio de que denunciaran a los responsables del club.
Tanto esta tesis como las alusiones a otro propietario distinto de los establecimientos han sido esgrimidas y reiteradas por las defensas, uno de cuyos letrados, Miguel A. Cocero, ha cuestionado el trabajo de la Brigada de Extranjería.
Ante las constantes interrupciones e insinuaciones de este letrado sobre asuntos que no se trataban en el juicio, el presidente de la Sección Tercera advirtió de que podría retirarle el uso de la palabra, reprochándole su "deslealtad profesional".
OPERACIÓN POLICIAL
La operación de la Brigada de Extranjería comenzó a raíz del testimonio de una de las mujeres del club, que solicitó la consideración de testigo protegido, condición que han tenido dos personas en este proceso.
Una de ellas ha declarado este miércoles a puerta cerrada, y la otra falleció en Paraguay, por lo que su testimonio se ha incorporado, tras reproducirse el pasado martes las declaraciones que tanto ante la Policía como el Juzgado de Instrucción hizo relatando las condiciones en que trabajaba.
Según ella, sus contactos en España eran el contable del establecimiento y su pareja, que le informaban de la deuda de en torno a 2.600 contraída, que debía pagar con su trabajo en el club, formalmente, un hostal en que se alojaban las chicas y en cuyo bar entablaban contactos con los hombres que acudían.
Esta testigo describió un ambiente de encierro, amenazas y agresiones, con jornadas de diez horas diarias en las que se les obligaba a ejercer incluso aunque "tuvieran la regla", mientras la deuda económica contraída se incrementaba porque se las cobraba por conceptos como el lavado de sábanas y se las imponían multas económicas con distintas excusas.
Son extremos que han sido negados por varias de las mujeres que han testificado en el juicio a propuesta de la defensa. Ni ellas ni sus hermanas, trabajadoras también de los clubes, sufrieron amenazas, o agresiones, ni se les quitó dinero.
Las puertas estaban abiertas, podían usar libremente sus teléfonos móviles, y no tenían deudas económicas, han añadido, por lo que llegaron a recomendar a familiares que hicieran lo mismo o siguieron trabajando, en algún caso, en el local sin ejercer la prostitución, en tareas de mantenimiento.