PSOE y PRC rechazan la comisión sobre GFB porque creen que busca "mantener el circo" y la "rentabilidad política"

Actualizado: lunes, 28 septiembre 2009 21:46

PP lamenta la "cobardía" del Gobierno por "huir" de una investigación que es un "derecho" ciudadano y "obligación moral" del Parlamento

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria rechazó esta tarde, con los votos en contra de PRC y PSOE, la creación de una comisión de investigación sobre la fábrica de GFB porque, en opinión de socialistas y regionalistas, lo que busca con ello el PP es "mantener el circo" y obtener "rentabilidad política".

En cambio, desde las filas 'populares', el presidente del partido, Ignacio Diego, recalcó que el Parlamento tiene la "obligación moral" ante los ciudadanos de aclarar lo sucedido y afirmó que los cántabros tienen "derecho" a conocer cuánto dinero ha "enterrado" el Gobierno en ese proyecto. Por ello, lamentó la "cobardía" del Ejecutivo por "huir" de esa búsqueda de responsabilidades.

Ésta es la segunda vez que el Parlamento regional rechaza crear una comisión de investigación sobre las presuntas "irregularidades" que, según el Grupo Popular, se han cometido a lo largo de todo el proceso de creación de esta factoría.

En palabras del presidente del PP, los ciudadanos tienen derecho a conocer "cómo se ha cometido error tras error" durante cinco años y a que se aclaren en el Parlamento las "irregularidades" que afectan, por ejemplo, al protocolo suscrito en Costa Rica, a la compra de la maquinaria, a la falta de plan de viabilidad, al "desvío" en el coste final del proyecto o a los "desembolsos" y avales realizados por el Ejecutivo cántabro.

Rechazar la comisión de investigación supone, a su juicio, lanzar un mensaje "deplorable" a los ciudadanos, un mensaje "nefasto" que indica que hay "dos clases de cántabros": los ciudadanos que tienen que responder de sus actos; y los miembros del Gobierno, que no tienen "responsabilidades ni tienen que responder ante nadie". Sin embargo, advirtió de que los ciudadanos "no lo van a permitir" y no dejarán que un "quebrantamiento" de 36 millones de euros de dinero público se quede sin explicar.

Ignacio Diego aseguró que el proyecto de la fábrica de fibroyeso de GFB en Orejo ha sido "una de las gestiones más ineptas e irresponsables" que ha habido en la región e insistió en que el Gobierno debe asumir "sus responsabilidades", empezando por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y siguiendo por el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, al que considera "cerebro" de todo lo ocurrido, por haber formado parte del Consejo de Administración.

En el caso de Revilla, el líder del PP le criticó por "escurrir el bulto" y consideró que debe tener "la gallardía de asumir los errores y responsabilidades", lo mismo que primero "quería todas las medallas". En su opinión, el Ejecutivo cántabro "tiene cada vez más de revolución bolivariana y chavista" y de "república bananera", con un presidente que al igual que el venezolano Hugo Chávez "se pasa más horas en la televisión que en el despacho gestionando".

"Cuando un Gobierno monta un desaguisado de estas proporciones hay que responder ante los ciudadanos, dar la cara y someterlo a una comisión de investigación para sacar conclusiones y evitar que vuelva a ocurrir", sentenció Diego.

LLEGARÁ EL MOMENTO DE LAS EXPLICACIONES

Frente a ello, el portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, rechazó la necesidad de una comisión de investigación y lamentó que mientras las prioridades del PP son las de aclarar supuestas irregularidades y buscar responsabilidades, las del Gobierno son buscar alternativas al proyecto, garantizar en la medida de lo posible el mantenimiento de los puestos de trabajo o incluso incrementarlos, y evitar o minimizar el daño económico para las arcas públicas.

Desde su punto de vista, eso es lo que demandan ahora los trabajadores y la sociedad de Cantabria, pero también "la responsabilidad política y el sentido común". "Ya llegará el momento de pedir explicaciones", sentenció De la Sierra, quien aseguró que si existen irregularidades en GFB o si no tiene viabilidad y hay responsabilidades, "nadie va a salir ileso".

Según dijo, crear una comisión de investigación en este momento no ayuda "en nada" y tampoco aporta "ninguna" solución "viable y realista", como tampoco el PP ha aportado "sugerencias" o soluciones en las distintas iniciativas presentadas sobre GFB en el Parlamento. En respuesta, el líder de los 'populares' mostró la disposición de su grupo a colaborar en la búsqueda de soluciones, pero cuando les expliquen "lo que hay".

De la Sierra también opinó que el PP, "por malicia o por ignorancia", está haciendo "lo posible para que la solución no se encuentre", ya que se dedica a "incidir en lo negativo". Es más, acusó a los 'populares' de querer transmitir la idea de que la empresa ya está "muerta", de poner "piedras en el camino" y de "buscar la rentabilidad política".

"UNA MONTAÑA DE PORQUERÍA"

En términos similares, el socialista Martín Berriolope aseveró que el PP "lo único que pretende es mantener el circo" y "montar una montaña de porquería", pero no tiene "ninguna prueba de lo que dice" sobre las supuestas irregularidades.

En cambio, contrapuso las críticas del PP con el informe de los administradores concursales en el que, según señaló, el Gobierno sale "bastante bien parado", ya que no se aprecia "intención de lucro, malversación de fondos ni corrupción administrativa". Por contra, en el informe se reconoce que se trata de un producto líder, que ha faltado impulso por parte del socio privado y que resulta "creíble" la justificación del concurso de acreedores por la crisis.

Además, Berriolope subrayó que "si hay una empresa, pública o privada, que haya estado sometida al control, la inspección, la lupa y la vigilancia del Parlamento, de la opinión pública y los medios de comunicación es GFB".

Por último, advirtió a Diego de que "en su mandato tiene bastantes cositas para callar" y le preguntó por qué no se ha creado una comisión de investigación sobre el caso Mercasantander, en el que hubo un delito "con acusados convictos y confesos". Según Diego, en ese caso no se pidió comisión porque se trataba de un delito "flagrante" que se llevó al juzgado, y animó al Gobierno a hacer lo mismo con sus socios en GFB si lo creen necesario.