Publicado 25/11/2021 12:49CET

Puerto Gallego, condenada a cinco años de inhabilitación por prevaricación

La exalcaldesa de Santoña Puerto Gallego (c) a su llegada acompañada de su abogado a un juicio por prevaricación administrativa, en el Juzgado de lo Penal Uno de Santander, a 15 de noviembre de 2021, en Santander, Cantabria, (España).
La exalcaldesa de Santoña Puerto Gallego (c) a su llegada acompañada de su abogado a un juicio por prevaricación administrativa, en el Juzgado de lo Penal Uno de Santander, a 15 de noviembre de 2021, en Santander, Cantabria, (España). - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Santoña Puerto Gallego (PSOE) ha sido condenada a cinco años de ihabilitación especial -para cargo público en la administración local- por prevaricación administrativa en su etapa al frente del Ayuntamiento, por fraccionamiento de contratos.

Mientras, sobre los otro ocho ediles socialistas igualmente acusados por aprobar el pago de facturas pese a reparos del interventor han recaído cuatro años de inhabilitación para desempeñar esos puestos o los de regidor, teniente de alcalde o cualquier otro de naturaleza electiva en el ámbito municipal.

Así consta en la sentencia de la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Santander que enjuició los hechos a principios de la semana pasada. La vista se celebró el lunes y martes, 15 y 16 de noviembre, y el fallo se dictó el jueves, día 18, habiendo sido notificado este jueves a las partes.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, aprecia la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas en esta causa, vista casi veinte años después de las primeras irregularidades denunciadas y tras más de una década desde que arrancó la instrucción.

El procedimiento, que consta de más de seis mil folios, partió de una denuncia del exconcejal de Falange Leoncio Calle Pila por irregularidades cometidas entre 2003 y hasta 2009.

A esta acusación particular, que pedía nueve años de inhabilitación para todos los implicados, se sumó después el PP, que interesaba ocho años, los mismos que el fiscal -para cargo o empleo público también- al entender que la prevaricación fue "clarísima".

De su lado, las dos defensas de los acusados interesaban la libre absolución de todos ellos.

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