SANTANDER, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal pide una pena de cuatro años de prisión para J.A.R.C., consejero delegado de una empresa de transporte que realizó una quiebra fraudulenta y generó deudas en distintos clientes, entre ellos a Renfe Operadora por un valor de 1,2 millones de euros.
El acusado, que será juzgado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria el próximo miércoles, día 11,se enfrenta además a una petición de indemnización por el importe total de la cantidad adeudada.
La sociedad de la que J.A.R.C. era consejero delegado y, posteriormente liquidador se dedicaba al transporte combinado intermodal y en marzo de 2001 presentó solicitud de quiebra voluntaria, que tras ser declarada, fue calificada un año después como fraudulenta.
Esta empresa prestadora de servicios de mercancías había contratado con Renfe la prestación de servicios de transporte por ferrocarril, pero ya desde el primer ejercicio empezó a acumular importantísimas deudas.
En su contabilidad figuraron deudas de clientes por importe de 250.811 euros, además de detectarse que los saldos de los accionistas estaban sobrevalorados en 98.022 euros. Si bien hubo acreedores que pudieron cobrar la totalidad o la mayor parte de sus créditos, otros, especialmente, Renfe, no lograron hacerlo.
Según el escrito del Fiscal, la sociedad aplicó criterios de preferencia en función del acreedor, y anticipó en beneficio de los socios y en perjuicio del resto de deudores la cifra de 1,4 millones de euros.
Mediante este sistema, la entidad Renfe Operadora no pudo satisfacer sus créditos y sufrió un perjuicio económico de 1,2 millones de euros.
Por su parte, la acusación particular entiende que el acusado actuó "con un palmario ánimo defraudatorio" y sostiene que en su gestión concurren los requisitos de un delito de insolvencia punible, al quedar probado la naturaleza fraudulenta de la quiebra y el carácter doloso de sus acciones.
Así, esta parte incide en que el capital social de la empresa era de 60.101 euros, de los que únicamente se desembolsó el 50%, cifra "claramente insuficiente" ya que en los dos primeros años tuvo pérdidas por valor de 1,8 millones de euros.
Por esto, la acusación particular pide seis años de prisión para el acusado por un delito de insolvencia punible, además de una multa de 288.000 euros y la indemnización por valor de los 1,2 millones de euros adeudados.
En cambio, la defensa no ve delito alguno por lo que pide la libre absolución del consejero delegado de la empresa, sin responsabilidad civil, y explicará en el juicio las causas de la insolvencia y tratará de determinar la cantidad del saldo adeudado.
