TOLEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha ha acordado admitir a trámite el Proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, así como la apertura del plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios, que concluirá el próximo viernes 21 de octubre.
Así lo publica este lunes el Parlamento regional en su Boletín Oficial, recogido por Europa Press, donde se refleja que la Mesa admite a trámite el proyecto de ley oída la Junta de Portavoces y a la Comisión Parlamentaria de Asuntos Generales.
Según el Gobierno regional, este proyecto de Ley que se plantea "va mucho más allá de la legislación básica del Estado ya que incorpora novedades importantes". En materia de transparencia destaca el apartado de publicidad activa, en el que se incrementan las áreas a las que obliga la legislación estatal.
El proyecto recoge la obligatoriedad de publicar las agendas institucionales, las relaciones de puestos de trabajo, los gastos de representación de altos cargos, los gastos en campañas de publicidad, así como la información sobre todo tipo de contratos.
En la parte del acceso a la información pública, cualquier ciudadano puede solicitar cualquier documento que se encuentre en poder de la Administración Regional, con las limitaciones que establece la legislación básica de Estado.
También se amplía la condición de alto cargo a todas aquellas personas que ejercen funciones efectivas de dirección en el ámbito del sector publico regional, sea cual sea su relación laboral con la administración. Además se establece como condición imprescindible la obligación de que todos los altos cargos realicen una declaración responsable sobre el cumplimiento de los principios de Buen Gobierno, estableciendo sanciones en caso de no hacerse.
Por otra parte, Castilla-La Mancha regulará los Grupos de Interés, que estarán obligados a inscribirse en un registro e informar de cuáles son sus objetivos, las actividades que realizan o los encuentros que mantienen para tal fin.
El proyecto de Ley incluye también un régimen sancionador que regula la responsabilidad por el incumplimiento de los deberes y las obligaciones que impone la Ley tanto en materia de transparencia como de Buen Gobierno. Así, se establecen sanciones en función de la gravedad de la infracción que van desde los 600 a los 12.000 euros.
