MADRID/TOLEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado requiere de dos autorizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) antes de iniciarse, una de emplazamiento, y otra de construcción.
Según han explicado a Europa Press fuentes próximas al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pese a que Enresa, la empresa estatal de residuos radiactivos pidió las dos autorizaciones al mismo tiempo, en el regulador atómico se están tramitando por separado y no hay previsión de fechas o plazo para terminarlas. El Reglamento de Instalaciones Nucleares permite a Enresa a solicitar estas dos autorizaciones de forma simultánea.
En la actualidad, la de emplazamiento es la que está más avanzada y se prevé que el CSN se pronuncie en este primer semestre del año. En cuanto a la de construcción, han indicado que ya se han iniciado algunas cuestiones, pero en todo caso será posterior a la primera. "Van en paralelo, pero son distintas", señalan.
Respecto a la de emplazamiento, trata de analizar la calidad e idoneidad de los terrenos y para ello, el CSN ha solicitado más información a Enresa para hacer el análisis de los terrenos. En este sentido, indican que la cuestión está en manos de los técnicos y que las solicitudes de información añadida son "parte del proceso normal".
Asimismo, una vez esté tomada la decisión, que corresponde al Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, los informes respecto a ambas solicitudes de autorización son, igual que en el caso de una central nuclear, vinculantes si la valoración es negativa y preceptivos, si es favorable.
Esto significa que si el CSN estimase que no se puede dar una autorización a los terrenos del emplazamiento, el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, no podría dar luz verde a la construcción del ATC en Villar de Cañas (Cuenca). De todas formas, subrayan que no se puede empezar a construir hasta que no tenga las dos autorizaciones y, el proyecto no tiene aún concedida la autorización municipal.
Estas fuentes han valorado que "lo normal en la lógica" es licitar el proyecto una vez se tengan las autorizaciones pertinentes que otorga el Consejo de Seguridad Nuclear cuya misión es "garantizar" la seguridad del emplazamiento y de la instalación.
NORMATIVA
Así consta en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que explica que las autorizaciones requeridas para las instalaciones nucleares son la autorización previa o de emplazamiento, que es un reconocimiento oficial del objetivo propuesto y de la idoneidad del emplazamiento elegido, cuya obtención faculta al titular para solicitarla autorización de construcción de la instalación e iniciar las obras de infraestructura preliminares que se autoricen.
Además, se necesita una autorización de construcción, que faculta al titular --en este caso Enresa-- a iniciar la construcción de la instalación y solicitar la autorización de explotación.
Este miércoles, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo en Zaragoza que el Ejecutivo "actuará con especial atención a la opinión del Consejo de Seguridad Nuclear" antes de tomar las decisiones respecto al ATC.
Un día antes, el presidente de Enresa, Francisco Gil Ortega, presentó su dimisión "por razones personales", aunque detrás de los motivos podría estar, según han apuntado distintas fuentes, al proceso de licitación del silo atómico.
La dimisión, según han confirmado fuentes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a Europa Press, fue comunicada a su titular, José Manuel Soria, que se remite a las informaciones facilitadas por ENRESA y que respecto al nombramiento de nuevo presidente en la empresa estatal de residuos radiactivos, señala que "habrá que esperar a que lo comunique oficialmente Enresa".
El ATC es la construcción donde se albergarán, al menos durante 60 años, los residuos nucleares de alta actividad y el combustible gastado de las centrales nucleares españolas --incluido el de Vandellós, que actualmente está alojado en Francia--. En ese plazo, se deberá encontrar una solución definitiva para alojar estos residuos hasta que pierdan definitivamente la radiactividad que emiten hasta llegar a los niveles normales de la naturaleza.
El proyecto fue acordado en 2004 por unanimidad en el Parlamento. En 2009, el Ministerio de Industria abrió el plazo para que se presentaran municipios voluntarios a acoger el ATC. De entre los 12 candidatos, 8 fueron calificados como idóneos pero el Gobierno no eligió entre ellos hasta el último Consejo de Ministros de 2011. El lugar elegido fue Villar de Cañas (Cuenca) y, en principio, el objetivo era que el proyecto estuviera concluido a finales de 2017.
