Alternativa Laica considera que la Iglesia católica debe pagar el impuesto sobre bienes inmuebles

Catedral De Toledo
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 7 marzo 2012 21:23

TOLEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alternativa Laica considera que la Iglesia católica debe pagar el impuesto sobre bienes inmuebles, pues "no existe ninguna razón lógica por la que una organización propietaria de tantos edificios esté exenta del pago de impuestos en las mismas condiciones que el resto de organizaciones y personas".

En nota de prensa esta asociación ha indicado que la iglesia católica es propietaria de numerosos inmuebles, y que la mayoría, han sido declarados de interés cultural o patrimonio histórico, y por tanto, no paga el impuesto de bienes inmuebles de una gran cantidad de sus propiedades y tampoco paga impuestos sobre muchos inmuebles que no son patrimonio.

Dicen desde Alternativa Laica que los impuestos que pagan las empresas, los ciudadanos, las organizaciones, son la base del mantenimiento de los servicios públicos que los ciudadanos consideran necesarios en esta sociedad.

"Todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la recaudación de dinero que permita la existencia de unos servicios públicos dignos. Y, lógicamente, quien más tiene, más debe pagar", han defendido desde esta organización, que ha añadido que la exención de impuestos "es un privilegio que beneficia a la Iglesia y que perjudica gravemente la economía general de las administraciones locales y de sus ciudadanos".

"Es imprescindible que la ciudadanía conozca la relación exhaustiva de los inmuebles que no pagan impuestos y que los distintos ayuntamientos realicen el cálculo exacto de lo que están dejando de ingresar por esta razón", dicen desde esta asociación, sobre todo porque los Ayuntamientos en los que se encuentran estas propiedades dejan de ingresar una cantidad "casi incalculable de dinero".

Por ello, desde Alternativa Laica han animado al señor alcalde, Emiliano García-Page a que haga llegar sus reivindicaciones sobre el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a la Comunidad Autónoma y al Gobierno central para que, en el ámbito de las competencias de cada cual, se obligue a todos los propietarios de inmuebles al pago de este impuesto.