TOLEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Alternativa Laica se ha dirigido al Consejo Escolar de Castilla-La Mancha para solicitarle que impulse el debate educativo que la materia Educación para la Ciudadanía y sus enseñanzas requieren.
La Asociación, informó en un comunicado, cree que el Consejo Escolar Regional es un órgano de participación social cuyo fin es asesorar a la administración educativa en el desempeño de sus funciones y en el que están representados los distintos sectores de la comunidad escolar, padres, alumnos, profesores y la propia administración, por lo que este sería el ámbito adecuado.
La Asociación considera imprescindible, en el escrito dirigido al Consejo, que este se pronuncie sobre el papel de la administración en la promoción de los valores del Estado social y democrático de derecho en el que vivimos y la defensa de la educación como mecanismo de lucha contra las desigualdades de origen y como foro de transmisión de valores comunes de todo ciudadano, que contribuyan a promover un modelo de ciudadanía responsable crítica y participativa independientemente de las creencias personales de cada uno.
Los criterios de selección de los materiales y libros de texto adecuados para alcanzar los objetivos educativos planteados en los decretos de desarrollo del currículo, entendiendo que los materiales y libros de texto que la administración educativa autorice para la impartición de esta materia no pueden, en ningún caso, dar pie a la desnaturalización de los objetivos o contenidos recogidos en las normas de desarrollo del currículo escolar y en el espíritu de la Ley de la que derivan.
A juicio de Alternativa Laica, la polémica generada en torno a la Educación para la Ciudadanía es de carácter político y no educativo, como debiera ser, y se ha producido, sobre todo, en los medios de comunicación y al margen de los sectores integrantes de la comunidad escolar.
La Asociación ya denunció con anterioridad "la campaña que anima a no cumplir la ley, en un clima de crispación dirigido a fabricar artificialmente un problema político. Las llamadas a la objeción de conciencia que están orquestando la jerarquía eclesiástica y sus asociaciones satélites, utilizan de forma descarada a las familias con el único objetivo de intentar mantener una influencia privilegiada en el sistema educativo.
