TOLEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha solicitado a la Consejería de Agricultura que resuelva de forma urgente los expedientes de quienes solicitaron hace casi un año la medida de incorporación de jóvenes a la actividad agraria, según una resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 12 de marzo de 2012.
La Organización Agraria asegura que si los jóvenes no disponen de la resolución aprobatoria de la Consejería, podrían perder las ayudas porque si se dan de alta en la actividad, en el régimen de la Seguridad Social o acceden a los derechos de Pago Único de la Reserva Nacional, dejarían de cumplir con los requisitos de nuevos jóvenes incorporados y, por tanto, se verían obligados a esperar un año para comenzar su actividad.
Además, ha informado ASAJA en nota de prensa, si los trámites no se agilizan perderían la posibilidad de acceder este año al apoyo comunitario de régimen de Pago Único, cuya campaña de solicitud acaba de arrancar.
ASAJA de Castilla-La Mancha lamenta que estas ayudas estén sin resolver, después del "apoyo expreso" de la Consejería de Agricultura con este sector y teniendo en cuenta que la incorporación de jóvenes es una "prioridad" a nivel comunitario y nacional.
Así pues, la Organización considera que es "vital" que la Consejería atienda "debidamente" estas solicitudes con el presupuesto "adecuado", e insta a la Administración a que habilite la convocatoria de los planes de mejora y modernización de las explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes a la actividad agraria para el año 2013 y así evitar el despoblamiento rural, el abandono de superficies y recursos productivos y la consiguiente reducción de la actividad económica del medio rural.
Por último, la Organización Agraria recuerda que más del 90 por ciento de los jóvenes que se incorporan lo hacen en la explotación familiar. Sin embargo, dice, el acceso no es posible si el progenitor no cesa en la actividad. Por ello es necesario la continuidad de medidas de política agraria como el llamado "cese anticipado" en la actividad agraria, para el que se necesita un presupuesto y unas ayudas que, al menos, se sitúen en la media de las pensiones de nuestro país.
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