CCOO pide a contratas de limpieza de colegios EPIs para trabajadoras que ahora limpian centros sanitarios

TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO, tras el decreto del Gobierno regional que ordena a las contratas de las Consejerías de Educación, Cultura y Deporte y de Bienestar Social que prestan servicios en centros educativos o sociales actualmente cerrados a que pongan a su personal a disposición de las autoridades sanitarias de la región, ha pedido al mismo Ejecutivo que dote de Equipos de Protección Individual (EPI) a llas trabajadoras de limpieza de institutos, colegios y centros sociales que ahora están limpiando centros sanitarios.

En nota de prensa, el sindicato ha defendido que es "imprescindible que estas trabajadoras reciban, de ser necesario, la formación precisa para hacer su nuevo trabajo. No es lo mismo limpiar un aula que un quirófano; ni es lo mismo limpiar una sala de curas de un centro de salud o una habitación de un hospital que los pasillos de un colegio o los gimnasios de un instituto".

Por esto mismo, es "también imprescindible que sus respectivas empresas faciliten a estas trabajadoras los medios, herramientas y equipos de trabajo, así como de los elementos de protección de su salud, que se requieran en su nuevo destino".

De igual modo, CCOO considera que estas trabajadoras deben mantener su categoría profesional y seguir realizando las funciones establecidas para esa categoría en el convenio colectivo de aplicación; con los complementos que correspondan a su nuevo puesto de trabajo.

Reclama, de igual modo, que las empresas excluyan del llamamiento a aquellas personas de sus plantillas 'especialmente sensibles a los efectos del Covid-19', incluidas entre los colectivos de riesgo señalados por el Ministerio de Sanidad, y que, en la medida de lo posible, los horarios laborales de quienes se incorporen a nuevos destinos se correspondan con los que tenían anteriormente y atiendan en todo caso a las necesidades de conciliación.

"Además, tal y como ya señalamos en su momento a la consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, la empresa adjudicataria en los dos centros afectados, el de origen y el que se refuerza, debe ser la misma, puesto que el personal es de la empresa y no de la Junta de Comunidades, que no puede disponer de unas trabajadoras que no tienen relación laboral con la Administración Autonómica, en caso contrario incurriría en cesión ilegal de mano de obra", concluye el sindicato.