Un empresario toledano presenta una denuncia en los Juzgados de Guardia de Toledo contra la empresa Nails Factory

TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un empresario toledano ha presentado una denuncia en los Juzgados de Guardia de Toledo contra la empresa Nails Factory. La presente denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se formula exclusivamente en vía penal.

La empresa Nails Factory cuenta, según se expone en la propia denuncia, con alrededor de 200 establecimientos a nivel nacional.

La denuncia presentada se formula por la posible existencia de cinco presuntos delitos penales, cuyas penas máximas, en función de los tipos que finalmente pudieran resultar aplicables, podrían superar conjuntamente los diez años de prisión, siempre a expensas de lo que determine la autoridad judicial tras la investigación correspondiente y con pleno respeto a la presunción de inocencia.

La denuncia ha sido presentada por un empresario de Toledo en relación con hechos vinculados, presuntamente, a la relación mantenida con la mercantil denunciada en el ámbito de la franquicia, el suministro de productos, el control de activos operativos esenciales del negocio y la eventual afectación a la salud pública derivada del producto distribuido, extremos todos ellos que ahora deberán ser objeto de comprobación judicial.

Según el escrito presentado ante el Juzgado, los hechos denunciados podrían encuadrarse, de manera provisional e indiciaria, en los siguientes tipos penales.

En concreto, en un presunto delito de estafa, con una pena máxima señalada en la denuncia de hasta 6 años de prisión; en un presunto delito de administración desleal, con una pena de hasta 6 años de prisión; un presunto delito de apropiación indebida, con una pena máxima de hasta 6 años de prisión; un presunto delito de descubrimiento, apoderamiento o utilización de secretos de empresa, con una pena máxima de hasta 5 años de prisión en los supuestos más graves; y un presunto delito de acceso inconsentido a sistemas de información con una pena máxima de hasta 2 años de prisión.

La denuncia añade una línea de denuncia especialmente sensible: la posible concurrencia de delitos contra la salud pública con una pena máxima señalada en la denuncia de hasta 3 años de prisión, además de multa e inhabilitación en los supuestos legalmente previstos.

Dada la naturaleza fungible del producto, la facilidad de alteración o destrucción de la evidencia digital y el riesgo de extensión a otros centros de la red, el denunciante pide la adopción de las demás medidas cautelarísimas penales que el Juzgado estime necesarias para la preservación de la prueba y la protección del bien jurídico comprometido.

La denuncia deja expresamente claro que no formula una acusación cerrada ni definitiva contra persona física concreta, sino que interesa la incoación de diligencias previas para que sea el Juzgado quien determine, tras la práctica de las pruebas oportunas, si existen o no indicios suficientes de relevancia penal. En ese sentido, el propio escrito subraya de forma expresa el pleno respeto al principio de presunción de inocencia de todas las personas y entidades que pudieran verse afectadas por la investigación.

Será ahora la Justicia quien deba esclarecer los hechos, depurar responsabilidades si procediera y determinar si los indicios expuestos en la denuncia merecen o no recorrido penal.