TOLEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha asegurado que su departamento estudia de forma "prioritaria" el efecto recaudatorio que la revisión al alza de las tasas de discapacidad y dependencia, llevada a cabo por el Gobierno del PP, ha tenido en las arcas regionales, a fin de intentar reducir esta situación "injusta" referida a estos colectivos "más vulnerables".
"No sabemos si esa revisión irá a la baja", ha indicado Sánchez, que ha agregado que de este modo el Gobierno regional tiene en cuenta la petición tanto del CERMI como de la Plataforma de la Dependencia de la región, que reclaman la retirada de las tasas que deben pagar los dependientes a la hora de pedir revisiones de su grado de dependencia.
Así lo ha explicado la titular de Bienestar Social, en declaraciones a los medios, antes de la reunión que ha mantenido, acompañada del portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en la región, Luis Perales.
Según Sánchez, la Ley de Tasas del Gobierno de Cospedal ha tenido un objetivo "recaudatorio" a la vez que "disuasorio", a fin de frenar las revisiones de dependencia y discapacidad, aunque ha lamentado que el efecto de la aplicación de dicha norma "ni en uno ni en otro sentido ha tenido una respuesta significativa".
Tras precisar que de igual modo están revisando las tasas que tienen que ver por ejemplo con la adopción internacional, la vivienda o el arraigo familiar, a preguntas de los medios la consejera ha asegurado que un grupo de funcionarios expertos trabaja en nuevas normas jurídicas para agilizar la tramitación de la valoración de los beneficiarios de la dependencia y también su gestión.
"En estos momentos nos encontramos con unos 30.000 expedientes entre lista de espera y solicitudes pendientes de tramitación, ha advertido.
REVISIÓN JUSTA
Por su parte, el responsable del CERMI ha recordado que desde la confederación nunca han estado de acuerdo con dichas tasas y que han reclamado una revisión "real, justa, equitativa y también solidaria" de las personas con discapacidad y de las personas dependientes.
De igual modo, ha reclamado al Gobierno regional estabilidad presupuestaria a fin de que las asociaciones tengan la garantía de que no van a tener problema de pago a sus trabajadores y de poder atender a sus beneficiarios.
"A ver si conseguimos también alguna convocatoria de inversiones. Llevamos unos cuantos años que no tenemos ninguna", ha lamentado Perales, que ha explicado que esos fondos irían destinados a renovar y modernizar los recursos, pues algunos de ellos tienen 40 ó 50 años.
