Responsables de Servicios Sociales dicen que listas de espera de dependencia en C-LM "no se resolverán inmediatamente"

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha destacado que Castilla-La Mancha "tiene a más de 27.000 personas en lista de espera para recibir una prestación de dependencia" y ha alertado de que esta situación "no se va a resolver inmediatamente" y de que muchos de los demandantes son mayores de 80 años y fallecerán sin recibir prestación.

El presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez, en declaraciones a los medios antes de la presentación del estudio sobre la situación de partida de los Servicios Sociales y Sistema de Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, ha explicado que estas 27.000 personas "suponen que el 43 por ciento de los dependientes de esta comunidad estén en lista de espera".

Ramírez, que ha estado acompañado por el vicepresidente de la asociación, Ángel Parreño, ha explicado que estas personas "son dependientes reconocidos que tienen derecho a una prestación" y ha detallado que el 54 por ciento de los dependientes "son mayores de 80 años", por lo que ha apuntado que "la inmensa mayoría fallecerán sin recibir la atención a la que tienen derecho".

Además, ha criticado que entre 2011 y 2015 "cuatro personas cada día fueron expulsadas del sistema de la dependencia" y ha remarcado que los datos que componen este estudio "son de la propia comunidad autónoma".

El presidente ha indicado que en estos cuatro últimos años "se han recortado más de 350 millones de euros en servicios sociales y atención a la dependencia", unas cifras que ha considerado "un atentado a los derechos humanos".

Asimismo, ha comentado que "otros indicadores como la tasa AROPE dicen que Castilla-La Mancha es la comunidad que más ha avanzando en índice de pobreza llegando al 44%". A este respecto, ha opinado que la tasa señala que "se ha puesto en el precipicio de la exclusión social a decenas de miles de ciudadanos de la región".

En este sentido, ha añadido que "los últimos datos indican que sólo se dan 2,7 salarios sociales por cada 1.000 habitantes en la comunidad", por lo que ha criticado que "sea la ratio más baja de todas las regiones y precisamente donde más avanza la pobreza".

TRÁMITES DE DEPENDENCIA

En cuanto a la contratación de personal por parte de la Junta para "agilizar los trámites de la dependencia y de la ayuda emergencia social e ingreso mínimo de solidaridad", José Manuel Ramírez ha opinado que "no es una medida que vaya a resolver el problema de 27.000 personas, pero era precisa y necesaria".

Además, ha apostado por "desarrollar un procedimiento para dar agilidad a la prescripción facultativa del trabajador social comunitario", recalcando su idea de que "el Programa de Atención Individual (PIA) sirva como referencia".

Sin embargo, ha afirmado que "el principal problema va a ser el nivel de endeudamiento de la región", explicando que "si cada dependiente cuesta una media de 6.500 euros, cuantos más se agilicen más coste se va a tener que asumir". Por ello, ha asegurado que las medidas para combatir la lista de espera "darán su fruto dependiendo del presupuesto que se apruebe".

Finalmente, respecto a la Orden de Dependencia elaborado por el Ejecutivo autonómico, Ángel Parreño ha comentado que "cubre un vacío legal y pone un marco normativo para atajar otras situaciones", aunque ha avisado de que "la senda va a ser complicada".

"El nuevo Gobierno da señas de que plantean la situación de otra manera pero hay problemas presupuestarios", ha concluido Parreño.