Rodríguez trasladará a Caldera las demandas de agricultores de C-LM y no consentirá "irregularidades" en la contratación

TOLEDO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez, anunció hoy que trasladará al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, las demandas de las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha, como la de derogar la moratoria de dos años impuesta para trabajadores procedentes de Rumanía y Bulgaria, y anunció que "no podemos consentir situaciones de irregularidad en la contratación".

Rodríguez realizó estas declaraciones a los medios antes de mantener una reunión con representantes de COAG-IR, Asaja y UPA, para conocer "directamente" sus necesidades y problemas en cuanto a cobertura de mano de obra y respecto a los elementos que rodean al mundo del trabajo para "ponernos a disposición de las organizaciones y trabajar conjuntamente".

En este sentido, aseguró que esta tarde, durante la reunión que tendrá con el ministro, planteará temas de interés común entre el Ministerio y la Consejería, así como "los problemas que tenemos y las soluciones que vemos" de forma que la petición de derogar esa moratoria estará presente ya que es "una las necesidades que nos ponen encima de la mesa".

Por ello, para Rodríguez, sería "bueno" que se evaluará, en colaboración con el Gobierno de España y del resto de comunidades autónomas "hasta qué punto esos problemas se producen y evaluar la posible solución".

DENTRO DE LA LEGALIDAD.

La titular de Trabajo y Empleo también recordó a los empresarios y agricultores de la región que, desde que en mayo de 2005 se produjo el proceso de normalización de trabajadores inmigrantes en el país y se reformó el reglamento de extranjería, existen "cauces legales y tienen una razonable flexibilidad" para que la contratación de esos empleados discurra por los mismos.

Y es que, "como Gobierno regional no podemos consentir que teniendo esos cauces se produzcan situaciones de irregularidad porque las leyes son para cumplirlas y hay que preservar los intereses de los agricultores y de los empresarios", puesto que, tal como apuntó, los que llevan a cabo la contratación de forma irregular incurren en una "competencia desleal" con los que lo hacen de manera legal.

Asimismo, Rodríguez afirmó que los representantes de los agricultores y empresarios deben "velar por que no se produzcan situaciones de irregularidad" y, además, continuó, "vamos a exigir la regularidad en las contrataciones" algo en lo que no estarán "solos, porque nos ponemos a su disposición para analizar las posibles vías de ayuda".

DEROGAR LA MORATORIA.

Por su parte, los tres representantes de las organizaciones agrarias castellano-manchegas COAG-IR, Asaja y UPA estuvieron de acuerdo en que la principal petición es derogar esa moratoria de dos años para rumanos y búlgaros.

Así, el secretario regional de COAG-IR, Apolonio Moreno, aseguró no entender "que ciudadanos que son empresarios vengan a Castilla-La Mancha, tengan los mismos derechos que tenemos los empresarios de la región pero, a los que vienen a trabajar, de los que estamos bastante necesitados, tengan una moratoria de dos años para tener los derechos de los trabajadores", explicó.

Además, criticó el hecho de que a ciudadanos que tienen el derecho de libre circulación por la Unión Europea, "les neguemos el derecho al trabajo que es el más necesitado para ellos".

Para Moreno, lo que se está consiguiendo con esa moratoria es que haya "asentamientos como el que ha habido en Llanos del Caudillo (Ciudad Real)". Según el representantes de COAG-IR lo que ha sucedido en dicha localidad es que se ha trasladado a trabajadores por parte de empresas de servicios de otras comunidades autónomas pero se les ha desplazado al no poder darles de alta.

Y es que, "son trabajadores que, en la mayoría de los casos, si se quitase la moratoria, tendríamos la posibilidad de darles de alta porque somos los primeros interesados en que los trabajadores que tengamos sean regularizados legalmente", concluyó.

Una demanda similar trasladó a Rodríguez el responsable de UPA en Castilla-La Mancha, Felipe Martínez, quien añadió que desde UPA se colaborará a regularizar la situación de mucha mano de obra que se necesita para acometer esta primera campaña de la vendimia, pero que, después, "vendrán otras con una buena gama de productos que necesitamos recoger en condiciones dignas y de igualdad con todos los trabajadores", puntualizó.

Por su parte, el representante de Asaja de Castilla-La Mancha, Manuel Juárez, afirmó estar "seguro" de que la consejera resolverá "este problema" puesto que el trabajo del campo "no es como en los demás sitios, y no nos pueden decir que busquemos a la gente tres meses antes, porque hay que buscarlos cuando hace falta, y no se pueden hacer previsiones".

En último lugar, el presidente provincial de Asaja en Toledo recalcó que los empresarios lo que quieren es poder tener a todos los trabajadores de una manera "legalizada", por lo que confió en que esta tarde, Rodríguez pueda trasladar ese deseo al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.