TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT ha aplaudido que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, "rectifique, dé instrucciones al Grupo Parlamentario Popular para se aplique la legislación nacional sobre Incapacidad Temporal y deje de maltratar a los empleados públicos de la región, demostrando que también en esto Castilla-La Mancha ha sido un ejemplo negativo".
Así ha reaccionado la secretaria regional de Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Campoy, después de que Cospedal haya anunciado que ha solicitado al Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales la presentación de una iniciativa en materia de Incapacidad Temporal (IT), para equiparar de esta forma a los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con los de la Administración General del Estado.
Campoy ha celebrado en una nota de prensa que Cospedal se sume a la petición de restitución de derechos laborales y condiciones salariales para los empleados públicos de la Junta de Castilla-La Mancha realizada por el sindicato el 6 de noviembre en sendos escritos presentados ante el PP y el PSOE en las Cortes regionales.
En el escrito, la Federación de Servicios Públicos de UGT CLM recordaba que durante los últimos años, los empleados de la Administración regional han sufrido un aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanas, que en el caso de los empleados del SESCAM ha supuesto pasar de 1.519 a 1.645 horas anuales, lo que supone una reducción salarial del 8% que se suma a la rebaja de sueldos del 3% de todos los empleados públicos del país y al añadido de casi un 3% para los empleados del SESCAM.
Junto a las rebajas salariales, FSP UGT CLM recordaba a los representantes de los ciudadanos castellano-manchegos que "los empleados públicos han visto reducidas sus expectativas de avance en la carrera profesional, además de la reducción de los complementos de productividad variable e incluso de la paga extraordinaria de junio de 2012".
Igualmente instaba a PP y PSOE en las Cortes "a iniciar con el nuevo año un proceso a través del cual se recuperen todos los derechos que los empleados públicos hemos perdido en los últimos años --en este caso referido a la retribución durante la IT-- con la excusa de una crisis cuyo final ha sido anunciado por los responsables políticos de las medidas descritas anteriormente".