CyL tiene reservadas 1.333 plazas municipales para funcionarios de habilitación nacional, de las que sólo están cubiertas el 55 %
VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
Las entidades locales de la Comunidad han llegado a un acuerdo ante una situación que afecta a 2.188 de los 2.248 municipios con los que cuenta Castilla y León y es la falta de oferta pública de empleo por parte de la Administración General del Estado (AGE) para secretarios e interventores municipales, lo que ha provocado que de las 1.33 plazas de esta categoría reservadas en la región aún queden vacantes el 45 por ciento, es decir, 540 plazas.
Así lo ha explicado este miércoles el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión de la Conferencia de alcaldds y presidentes de diputaciones que ha presido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
En esta reunión, celebrada de forma telemática y en la que han estado presentes todos los alcaldes, excepto el de Ponferrada por tener Pleno Municipal, y todos los presidentes de diputaciones, se ha llegado a un acuerdo por las dificultades que tienen muchos de los ayuntamientos de la Comunidad de menos de 5.000 habitantes para cubrir los puestos reservados a los funcionarios de la administración local con habitación de carácter nacional, especialmente las plazas de secretarios e interventores.
Según los datos aportados por Ángel Ibáñez, esta situación afecta a 2.188 de los 2.248 municipios de la Comunidad, donde se tiene reservadas 1.333 plazas para estos funcionarios, aunque en la actualidad sólo están cubiertas el 55 por ciento, mientras que en otros 540 ayuntamientos estos puestos son interinos, están vacíos o en comisión de servcios.
Pero además, según ha explicado el consejero de la Presidencia, el 50 por ciento de los funcionarios que ocupa plaza consolidada en la actualidad se jubilará en los cuatro próximos años, por lo que la situación es "preocupante" máxime" cuando los ayuntamientos "no pueden cumplir obligaciones que son indispensables".
Por ello, las entidades locales de la Comunidad han llegado a un acuerdo para hacer frente común al "desafío demográfico" y para que el mundo rural de Castilla y León "disponga de los medios "necesarios y suficientes" para el ejercicio de la acción política, el cumplimiento de las obligaciones legales, y la "efectiva" prestación de los servicios públicos de proximidad que tienen encomendadas estas entidades.
Del mismo modo, los miembros de la Conferencia se comprometen colaborar y participar en el proceso para cubrir las plazas vacantes lo que pasar "necesariamente y de forma urgente" por una publicación de oferta de empleo público por parte de la Administración del Estado, algo que Ángel Hernández trasladó a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, con la que se reunió el pasado 9 de marzo, ya que Castilla y León "es una de las comunidades más afectadas por esta situación".
