Apecyl advierte de la pérdida de 1.000 millones de inversión por el registro de pre-asignación y urge una solución

VALLADOLID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) advirtió hoy de las consecuencias del registro de pre-asignación de este tipo de instalaciones, que ponen en riesgo inversiones directas por importe de 1.000 millones en la Comunidad y la pérdida de más de 2.000 empleos, y urge una solución al problema.

El colectivo explicó hoy que en la Comunidad hay 790 megavatios (MW) pendientes de preasignación, de los que la mitad ya han recibido una respuesta negativa para registrarse, por lo que su inversión queda en el aire.

Además, de estos parques (27 repartidos por toda la región), sólo la mitad cuentan con los necesarios informes de Red Eléctrica Española (REE), por lo que la Asociación no descarta tomar medidas legales contra ella si estas instalaciones que cumplen con todos los requisitos no entran en el registro.

En cualquier caso, los afectados agotarán todos los recursos posibles, primero los administrativos y después la vía judicial si es necesario, independientemente de que exijan responsabilidades a REE por las irregularidades a la hora de enviar los documentos preceptivos al Ministerio de Industria.

Así lo explicaron el secretario y vicepresidente de Apecyl, Eugenio García Tejerina y Carlos Cuadros, respectivamente, quienes manifestaron su preocupación al cumplirse "las peores expectativas" con decenas de resoluciones del Ministerio en las que se deniega la inscripción en un registro que en lugar de solucionar problemas ha complicado todo.

García Tejerina indicó que se han realizado esfuerzos intensos en los últimos meses para intentar sacar adelante la inscripción de estos parques en el registro, condición para poder empezar a funcionar, pero por el momento no hay resultados.

En este contexto, criticó que el Gobierno a pesar de su discurso en favor de las energías renovables ha optado por otro tipo de energías en lugar de elegir un modelo autóctono, cuyo desarrollo se ha limitado a pesar de demostrarse que tiene capacidad de liderazgo e innovación y generaba riqueza.

El secretario de la Asociación cree que quien pensaba en un nuevo modelo de generación de energía como promulgaba el Gobierno tiene motivos para sentirse "engañados" y "decepcionados" porque los diversos cambios que se producen continuamente en la regulación del sector no hacen más que generar inseguridad jurídica.

FUTURO "SOMBRÍO".

A este respecto, García Tejerina considera que el Gobierno o lleva a cabo un cambio "radical" o se va a quedar sin un elemento del que presumir o hacer propaganda y añadió que los que pensaron en apostar por el sector tendrán que pensar en invertir en otros sitios porque el horizonte es "sombrío".

El secretario de la Asociación considera que hay intereses encontrados al margen de los propios empresariales, que son legítimos, debido a una caída del consumo de energía pero el problema es la actitud de quien tiene la capacidad de decidir y si opta por un cambio de modelo o por garantizar un margen de beneficios a determinados sectores.

En el caso de la Comunidad, García Tejerina advirtió de las consecuencias que tiene la situación, con más de 2.000 empleos ya perdidos y los que se dejen de generar, las inversiones directas de 1.000 millones de euros pero además la repercusión que pueda tener todo ello en empresas auxiliares como las de los componentes, muchas de ellas ubicadas en Castilla y León.

En este contexto, el secretario de Apecyl considera que este sector es bueno para el país, no sólo desde el punto de vista medioambiental, sino también económico, más aún en época de crisis y aseguró que harán un estudio para ver las cifras en todo el territorio nacional ante la utilización parcial de datos como las primas que se pagan cuando hay factores como el ahorro de importación de energía o el precio de venta de la misma que no se tienen en cuenta.

A todo ello se suman los problemas derivados de esta gran regulación del sector, ya que los cálculos realizados por los promotores para amortizar sus inversiones pueden variar en función de los cambios normativos, pero además esto influye en los problemas a la hora de solicitar préstamos, ya que las entidades bancarias no ven claro que va a pasar y cómo se van a pagar los créditos.

Para García Tejerina, el Gobierno no tiene claro qué hacer, "no tiene una idea clara" ante una crisis de una magnitud que no se esperaba y "tiene un problema y no tiene un plan" pese a que hay que cumplir los objetivos de que en 2020 el 20 por ciento de la energía sea renovable, por lo que la necesidad de llegar a una solución es "urgente".

En la actualidad, Castilla y León cuenta con una potencia máxima instalada de unos 3.900 megavatios en energía eólica y para los tres próximos años se han autorizado 707 para 2010; 733 para 2011 y 557 para 2012.