PSOE considera que será un "marco idóneo" para desarrollar en la Comunidad el Plan Estatal 2009/2012
VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este martes, en convocatoria extraordinaria y con la unanimidad de los tres grupos políticos, la Ley de Derecho a la Vivienda, pese a que el Grupo Parlamentario Popular ha rechazado las 28 enmiendas que mantenían los socialistas, con discrepancias en aspectos como la titularidad pública del suelo de las viviendas protegidas o la asunción por parte de la Junta de las competencias en planes municipales de suelo.
El texto que, según ha defendido el consejero de Fomento, Antonio Silván, tiene "vocación de permanencia en el tiempo" pero también capacidad para adaptarse a las condiciones del mercado del sector en el futuro, consta de en una exposición de motivos, 9 títulos (preliminar y 8 títulos), 108 artículos, 3 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, una derogatoria y 4 disposiciones finales.
El titular del ramo ha subrayado que entre los objetivos de la nueva legislación, "la primera" de estas características en la Comunidad castellanoleonesa, están también la garantía del derecho constitucional a la vivienda digna, la satisfacción de las necesidades de las familias, compatibilizado con el "uso racional y sostenible" del suelo. El consejero quiso iniciar su intervención con dos palabras dirigidas al recientemente fallecido secretario general de la Consejería de Presidencia, Santos Villanueva: "Siempre y gracias".
En este sentido, el procurador 'popular' Juan Ramón Represa ha recalcado que la Ley, a su juicio, supondrá una "ayuda" para que el sector de la construcción logre salir de la crisis, pues se trata de uno de los "motores" de la economía castellanoleonesa. Además, ha añadido que se prestará atención "especial" a grupos sociales en desventaja que, según ha reprochado se han visto afectados por los recortes en ayudas estatales que pueden suponer una efectiva "prohibición" de la compra de vivienda.
Los procuradores socialistas, representados en el debate por Alfredo Villaverde, mantenían vivas 28 enmiendas, después de que en el proceso parlamentario el PP había aceptado cuatro, había transaccionado ocho y se habían retirado cinco; que este martes también han sido rechazadas en un gesto que como llegó a aseverar el procurador en su turno de dúplica suponía un gesto de "intransigencia" por parte de la formación mayoritaria en el Pleno.
Sin embargo, Villaverde aclaró que el texto, según su opinión, no pasa de ser un compendio "farragoso e innecesario" que "no añade aspectos a la legislación vigente", pero sin embargo puede suponer "el marco idóneo para materializar líneas generales" del Plan Estatal de Vivienda 2009/2012 del Gobierno de España. "La aprobación de la ley reforzará el esfuerzo del Ejecutivo central", ha recalcado.
CÁMARAS DE LA PROPIEDAD
Las enmiendas socialistas, cuya defensa tampoco aportó, a juicio de Represa "nada nuevo", colisionaban con los intereses 'populares' en diversos aspectos como el papel de las Cámaras de la Propiedad en los contratos de arrendamiento y la derogación de un artículo de la Ley de Urbanismo que, según el PSOE, supone la asunción por parte del Gobierno regional de las competencias de la Administración local en materia de Planes Municipales de Suelo.
Villaverde ha defendido que, con respecto a la primera materia, los contratos deberían formalizarse ante un funcionario público que también podría responsabilizarse de las garantías de los avales. Sin embargo, Represa ha recordado que la legislación de Urbanismo que afecta a las Cámaras de la Propiedad establece esas funciones dentro de su cometido.
En cuanto a la derogación del artículo 129, lo que en palabras de Alfredo Villaverde puede suponer "una estrategia encubierta para patrimonializar los excedentes municipales" de suelo, para el representante del PP no es más que una integración dentro del reglamento regional para "evitar la dispersión" de la normativa. Por ello, Represa ha subrayado que este hecho "no resta protagonismo al papel de los ayuntamientos" y que los planes deben desarrollarse conjuntamente sobre vivienda y suelo.
El parlamentario regional 'popular' también ha criticado duramente el mantenimiento de una serie de enmiendas del PSOE sobre el mantenimiento de la titularidad pública en las parcelas sobre las que se edifique vivienda protegida y la fijación de un límite mínimo para la vivienda libre. Este término resultaba necesario para los socialistas por que la conjunción de parcelas de protección y libres en las mismas promociones facilitará que las empresas del sector vean las primeras como "una carga".
Sin embargo, en opinión de Juan Ramón Represa ha defendido que la legislación del Código Técnico de Edificación establece normas en el sentido que defendían los 'populares' e incluso ha calificado de "antisocial" la postura del PSOE porque se "impediría ampliar el parque de viviendas de protección pública".
AYUDAS ESTATALES
El debate concluyó con referencias cruzadas a las ayudas del Gobierno en materia de vivienda, después de que Represa finalizara su réplica con las críticas a lo que calificó como una "prohibición velada" de la compra de vivienda, ya que sólo se han mantenido ayudas para las personas con menores ingresos que, a su juicio, "ni si quiera pueden aspirar a acceder a una casa". Además, Represa lamentó que en la actualidad la Junta quedará como la única Administración capacitada en la Comunidad para desarrollar promociones de vivienda protegida.
Por su parte, Villaverde ha mantenido que "la mayoría de las ayudas en materia de vivienda" que se pueden solicitar en Castilla y León provienen del Estado, como en el caso de la renta de emancipación, en la que el Gobierno aporta "210 de los 240 euros que se ofrecen".
De esta manera ha quedado aprobada una legislación regional que, además de reunir un compendio de la normativa de vivienda regional, establece los mecanismos en materia de políticas activas, de coordinación con otras administraciones y de planificación y "garantiza" los derechos y deberes de las personas y familias, la igualdad en el derecho a la vivienda protegida, la protección de los ciudadanos en la adquisición y arrendamiento de vivienda, la calidad, habitabilidad y accesibilidad, con especial atención a los colectivos más necesitados, así como la transparencia en la edificación y promoción de viviendas, protección medioambiental y garantías sostenibles.
El texto actualiza además el régimen sancionador, con lo que se "refuerza" la lucha contra el fraude con multas de hasta 90.000 euros en faltas muy graves que podrán "ser corregidas al alza" hasta una cantidad igual al beneficio obtenido por el infractor.
