VALLADOLID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las Cortes, con la abstención de PSOE, han aprobado este miércoles la modificación de la Ley de Servicios Sociales con el fin de implantar en la Comunidad una teleasistencia avanzada y sin copago a propuesta de los grupos parlamentarios PP y Cs y que ha contado con la abstención de PSOE y Podemos, quienes, pese a estar a favor de la gratuidad del servicios, rechazan la centralidad del mismo y que no se de voz a las entidades locales.
La procuradora 'popular' María Ángeles García Herrero ha defendido la iniciativa impulsada por PP y Ciudadanos y ha señalado que con ella se da un "paso más" en el alcance y calidad del servicio de teleasistencia.
No obstante, ha manifestado su "tristeza" de que la modificación propuesta no haya contado con el consenso de la Cámara cuando, a su juicio, supone un "gran avance" y "mejora con creces" la propuesta del Gobierno central que sólo ofrece gratuidad en el servicio "a los dependientes". "El PP propone más prestaciones y gratis para todos" ha aseverado.
Por su parte, la procuradora de Ciudadanos María Teresa Gago López ha insistido en que con este avance se contribuye al "blindaje" del sistema de atención social y con ello se verán beneficiados unos 26.000 usuarios del servicio de teleasistencia, de los que 14.000 son dependientes.
La modificación de la Ley de Servicios Sociales tiene como objetivo cambiar la teleasistencia por un modelo avanzado, con un contrato único que costeará íntegramente la Junta, sin copago, que ofrecerá ventajas como mejorar el servicio, que será homogéneo en toda la Comunidad, proactivo y cuente con una plataforma tecnológica o permita integrar la información de usuarios en el historia social único de cada persona.
Con esta reforma se pretende que a partir de ahora la Junta sea la competente en la regulación, planificación y dirección del servicio, se haga cargo de su financiación íntegra (unos 4 millone
s al año) y, en su caso, de la suscripción del contrato único para toda la Comunidad, mientras que los ayuntamientos mantendrán la tramitación y resolución del procedimiento que reconoce el derecho del usuario y, por lo tanto, la prestación material del servicio.
La modificación (que comprende a los artículos 1, 47 y 48 y 110 de la Ley de Servicios Sociales) persigue como objetivo un servicio único en toda la Comunidad que permita el siguiente paso, que es progresar en la teleasistencia avanzada que permita proporcionar "más y mejores servicios".
Asimismo, busca modificar el régimen de financiación de este servicio, que actualmente tiene un coste aproximado de 4 millones de euros, de los que la Junta abona 1,3, los ayuntamientos 650.000 euros y los usuarios en torno 1,7 millones, de forma que cuando se apruebe la reforma los ayuntamientos se ahorren este coste y, "lo más importante" los ciudadanos dejen de copagar el mismo.
