Aprobadas directrices vinculantes de responsabilidad social en contratación pública y concesión de subvenciones

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves un acuerdo por el que se establecen directrices vinculantes para impulsar la responsabilidad social en el gasto destinado a contratos y subvenciones.

De esa manera se busca obtener prestaciones "de calidad" para fomentar la integración social, premiar el esfuerzo de las empresas comprometidas con la responsabilidad social, contribuir al asentamiento de la población e impulsar la incorporación laboral de las personas con discapacidad y de los colectivos desfavorecidos.

A través de este acuerdo se cumplen dos de los objetivos recogidos en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León firmado el pasado el 17 de junio de 2020, en los que se acordó reforzar la responsabilidad social en el gasto público e impulsar en el ámbito de la contratación pública el compromiso de la Comunidad con la calidad de empleo y la incorporación laboral de las personas con discapacidad y de los colectivos desfavorecidos.

Este nuevo acuerdo incorpora consideraciones sociales en contratos y subvenciones, esto es, aquellas que contribuyan a garantizar que se cumplen las obligaciones en materia social y laboral, al tiempo que aporten valor social al gasto público mejorando las prestaciones contratadas o incrementando el beneficio social de las subvenciones.

Dichas consideraciones se refieren, entre otras, a contratación de personas con discapacidad por encima del porcentaje que exige la legislación nacional, contratación o subcontratación con Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, entidades y empresas de inserción, favorecer el acceso a la contratación a las pequeñas y medianas empresas o eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer.

También la disminución del desempleo de los colectivos con más dificultades de acceso al mercado de trabajo, incremento de la accesibilidad para personas con cualquier tipo de discapacidad y mejora de la accesibilidad, impulso de la conciliación de la vida laboral y familiar por encima de los mínimos legalmente exigidos, prevención de la siniestralidad laboral, garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo, promoción de la estabilidad en el empleo, fomento de la adquisición de productos agroalimentarios de calidad y de proximidad e inclusión de los principios de responsabilidad social empresarial como el suministro de productos de comercio justo y las medidas que tiendan a garantizar una cadena de suministro responsable que respete los derechos laborales básicos de los trabajadores.