BURGOS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León (AICCyL) y la Fiscalía Provincial de Burgos han acordado el archivo de las actuaciones abiertas en relación con las contrataciones realizadas por la mercantil Eventos El Espino de la que era socio el presidente de la Diputación de Burgos y concejal del Ayuntamiento de Burgos, Borja Suárez, cuando el Consistorio contrató con estas mercantiles varios eventos.
En concreto, la AICCyL ha archivado la comunicación anónima que recibió el pasado 16 de abril al considerar, dentro del ámbito de sus competencias, que el Ayuntamiento de Burgos reaccionó institucionalmente ante los hechos puestos de manifiesto, adoptó medidas de control y seguimiento y no concurren elementos adicionales que justifiquen mantener abierta la fase de investigación en ese ámbito.
E indica que los hechos han sido puestos de manifiesto, analizados por la Secretaría municipal, elevados al Pleno, objeto de medidas preventivas y están pendientes de actuaciones revisoras en sede municipal por lo que considera que la reacción administrativa del Ayuntamiento ha sido eficiente.
A esto añade que el Ayuntamiento es el competente para continuar con la implantación de las medidas preventivas y procedimientos de revisión de los contratos celebrados.
Por otro, la Fiscalía Provincial de Burgos ha decretado el archivo de las diligencias de investigación preprocesal 30/2026 incoadas a raíz de una denuncia anónima de 1 de abril por presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias.
Mediante decreto de 24 de junio de 2026 ha concluido que los hechos analizados no revisten carácter penal. En el mismo constan las diligencias practicadas y la "amplia" documentación analizada y concluye que no se aprecia que los hechos denunciados sean constitutivos de delito, tras analizar de forma pormenorizada los tipos penales de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionario público, así como tráfico de influencias.
Tras conocer ambas resoluciones, Borja Suárez ha reiterado su respeto a las instituciones y su confianza en el funcionamiento de los mecanismos de control y garantía del Estado de Derecho y ha subrayado que las resoluciones notificadas cierran las actuaciones abiertas tanto en el ámbito de la Fiscalía como en el de la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León, sin que se haya apreciado reproche penal en relación con los hechos denunciados.
Asimismo, ha recordado que fue él quien puso de manifiesto al Ayuntamiento la situación planteada en el momento que tuvo conocimiento que se habían producido esas contrataciones a lo que ha añadido que lo hizo antes y con independencia de su publicación o trascendencia pública y que su condición de accionista constaba en la declaración de bienes presentada.
Además, defiende que no formó parte de los diferentes órganos con los que se celebraron los contratos y ha aclarado que con fecha 13 de abril dejó de ser accionista de la sociedad.
Por último, ha asegurado que su único interés es que el Ayuntamiento tramite y termine lo que proceda en los procedimientos de revisión de oficio e implante el protocolo preventivo en garantía tanto del correcto funcionamiento de la Administración como de los derechos de los corporativos.
También ha agradecido el trabajo de los servicios municipales, de los órganos de control y de la Administración de Justicia y ha reiterado su voluntad de seguir actuando con la máxima transparencia, "con pleno sometimiento a la legalidad y con el objetivo de preservar la confianza de los burgaleses en sus instituciones".