El arzobispo de Valladolid alega que no se refería al Gobierno sino al Estado en general, incluidos los ciudadanos

Defiende que la Iglesia en su conjunto ha asumido la culpa por los abusos sexuales VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha negado haber acusado directamente al Gobierno de estar integrado por una "banda de ladrones" y ha precisado que cuando hizo estas manifestaciones hablaba del Estado en general, incluidos sus ciudadanos".

El Prelado, quien esta mañana ha firmado con la Diputación de Valladolid un convenio para la rehabilitación de templos en la provincia, ha rechazado valorar el contenido de la carta remitida por el ministro Félix Bolaños, en la que le pide explicaciones por sus polémicas declaraciones, tras alegar que no entra en correspondencias que, en principio, deberían ser privadas.

A pesar de ello, ha manifestado que le parece mal que desde el Gobierno se compare la situación como si se dijera que la Iglesia es una banda de agresores sexuales, aunque ha mostrado su extrañeza de que las cartas lleguen antes a los medios de comunicación que al propio destinatario, al tiempo que ha recordado que la Iglesia ha asumido en su conjunto la culpa y la responsabilidad por los abusos sexuales ocurridos hace años por parte de algunas personas.

En este sentido, ha recordado que la institución ha firmado un acuerdo con el Estado en el que reconoce una obligación moral sin tener una obligación jurídica ante personas que han fallecido o cuyos hechos ya han prescrito, por lo que ha insistido en que se ha reconocido una obligación compartida desde la responsabilidad de algunos.

Por otra parte, el prelado se ha remitido a su intervención completa dentro de un curso académico sobre regeneración democrática para aclarar que no se refería al Gobierno, sino al Estado, incluyendo a los ciudadanos. "Yo incluyo en la cita de San Agustín y Benedicto XVI a los ciudadanos que no pagan impuestos, a quienes hacen facturas en negro, a quienes en diversas otras relaciones de la vida económica o social defraudan. O sea, que, escuchemos, yo me remito a mi intervención completa", ha defendido.

Sí ha reconocido que a veces es muy espontáneo y no cuida adecuadamente el lenguaje, pero ha matizado que su tesis de fondo consistía en hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos en el ámbito económico y social.

LA LEY DE LOS MEDIOS Y LOS TITULARES Además, el arzobispo ha rechazado que se deduzca de sus palabras que el Gobierno deba asumir responsabilidades por casos de corrupción, tras asegurar que él solo ha ofrecido unos criterios de discernimiento ético para que cada cual los aplique como crea correspondiente. "Es la ley de los medios, ustedes tienen que hacer titulares, y yo lo entiendo, pero al poner el foco en parte de las palabras se desenfoca el sentido del relato entero", ha criticado.

De igual modo, ha negado haber deslizado que las personas LGTBI estén en un pacto con Satanás, precisando que su intervención únicamente hizo referencia a que la palabra orgullo es una palabra reivindicada por Luzbel.

"Un pensamiento católico es un pensamiento integral, que va de un lado a otro, yo entiendo que es muy fácil quedarse con uno de los lados, pero yo he ofrecido una referencia entera. He dicho terapias de conversión no, pero terapias afirmativas tampoco, porque si no el Estado se convierte en un Estado confesional de una determinada antropología, y yo defiendo un Estado aconfesional pero para todo", ha sentenciado.

De este modo, Argüello ha matizado las manifestaciones efectuadas este jueves durante el discurso de Clausura de la Escuela de Verano organizada por la Conferencia Episcopal Española (CEE), donde advirtió de que "cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones" y añadió que a las "pruebas" se remite, intervención que se ha traducido en la carta que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le ha remitido y en la que le pregunta su parecer en el caso de que un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como "banda de agresores sexuales".