Asemfo acusa a Mañueco de cambiar el modelo de prevención de incendios sin consultar con los agentes implicados

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) ha expresado su rechazo absoluto a la decisión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de modificar el modelo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales sin consultar al sector empresarial ni a los agentes sociales implicados.

Tras más de 30 años de colaboración público-privada, Asemfo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, denuncia que esta decisión responde únicamente a criterios políticos, sin contar con el aval técnico de la Consejería de Medio Ambiente, tal y como, según añade, quedó patente en la reunión celebrada el pasado 20 de octubre.

"El nuevo modelo elimina la participación de las empresas forestales, incrementa los costes en un cincuenta por ciento y no resuelve la gestión de los incendios forestales", afirma la asociación, que entiende que "se prioriza la política sobre la gestión técnica, dejando de lado la eficacia, la sostenibilidad y el empleo rural".

Entre las consecuencias del cambio de modelo, la asociación cita la desaparición de empresas forestales que generan riqueza y empleo en el medio rural; el incremento del gasto público en un 50% sin mejorar la eficacia en la prevención y extinción de incendios; el abandono de la gestión activa del monte, clave para reducir riesgos y proteger los bosques, así como el aumento de la conflictividad laboral, sin soluciones reales sobre el terreno.

Por ello, Asemfo insiste en que la verdadera prevención no consiste en sólo más medios o personal, sino en gestionar el combustible del monte, crear estructuras forestales resilientes y aplicar una gestión técnica eficiente. Así se lo quiere trasladar a Mañueco, cuando el presidente decida recibir a la asociación, después de varias peticiones.

"Castilla y León no necesita una calculadora electoral, necesita gestión técnica, responsabilidad y sentido común. Cuando la política se impone a la gestión, quienes pagan el precio son los bosques, los profesionales forestales, las empresas y los ciudadanos", sentencia la asociación.