LEÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de León ha promovido la creación de un Pacto Social para la atención de personas refugiadas en el que participan de momento Ayuntamiento, ACCEM, Cáritas y Cruz Roja. Los integrantes de este Pacto Social se han reunido esta tarde en el Ayuntamiento de León para avanzar en el acuerdo en favor de los refugiados.
Las cuatro entidades conforman el Pacto Social que ha promovido el Ayuntamiento de León, cuyo fin es, según ha explicado la edil de Servicios Sociales, Aurora Baza, regular la llegada y atención de personas refugiadas procedentes de países en guerra. Otras entidades e instituciones ya han solicitado su adhesión a este acuerdo, como por ejemplo Unicef.
A este encuentro también asistió el presidente nacional y fundador de ACCEM, a su vez vicario de Asuntos Económicos y Sociales de la Diócesis de León, quien reclamó un censo de refugiados y unos criterios de distribución en los países de acogida.
Destacó que "este movimiento ciudadano muestra la solidaridad de las gentes, de todos, desde los ayuntamientos, Cáritas, diócesis hasta la ciudadanía". "Lo que hay que pedir es que paren la guerra, para que no quieran salir o puedan volver lo antes posible", apostilló.
Tanto Cruz Roja como Cáritas han destacado esta iniciativa del Ayuntamiento de León para "sumar esfuerzos más que nunca", según informan fuentes municipales.
El principal objetivo de este Pacto Social es elaborar un plan de protección y acogida, que haga posible que, desde la colaboración y la coordinación, todas las entidades participantes atiendan las necesidades de acogida, atención de necesidades básicas y acompañamiento de los refugiados que vengan a la ciudad de León, comprometiéndose a aportar los recursos y medios necesarios para cumplir dicho objetivo.
Según recoge el acuerdo, con el fin de alcanzar el objetivo general y en respuesta a las necesidades detectadas en materia de acogimiento de personas refugiadas por el conflicto sirio, se elaborará y aprobará anualmente un Programa de Trabajo con aquellas actuaciones que se estimen prioritarias y más adecuadas, dentro de las posibilidades de ejecución de las entidades firmantes.
