Carriedo defiende que el pacto PP-Vox "no excluye" es "para todos" y que prima la ley para aplicar la prioridad nacional

   VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que el pacto de Gobierno rubricado por PP y Vox en la Comunidad "no excluye" y está pensado "para todos" los ciudadanos, al tiempo que ha explicado que el cumplimiento de la legalidad prima siempre para aplicar el término de "prioridad nacional".

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero ha destacado que este pacto nace con una amplia mayoría parlamentaria desde un Gobierno "para todos los ciudadanos" y ha augurado un escenario de cuatro años que puede ofrecer resultados positivos desde la "estabilidad, la confianza y la seguridad".

   En concreto, ha manifestado que el Gobierno autonómico ha asumido un compromiso "muy claro" de "concreción" en su documento de acuerdo, ya que, como ha defendido, se incluye en muchas de las medidas un nivel de detalle "muy alto" con cifras concretas de objetivos y plazos específicos, al tiempo que ha reconocido que estos compromisos suponen un "reto y un desafío" para la Administración.

   "Quizá hubiera sido mucho más rápido, más fácil o más sencillo llegar a acuerdos si no hay ese nivel de compromiso, también podría ser más fácil la gestión si, lógicamente, no somos tan ambiciosos en los retos que nos planteamos, pero merece la pena intentarlo, tener desafíos concretos, tener plazos establecidos, porque también es un estímulo para todos", ha subrayado.

   Además, el consejero ha señalado que la ley ofrece "garantía de tranquilidad" en torno al pacto, ya que se contará con los informes jurídicos pertinentes que serán "la salvaguarda" de los principios que nutren el acuerdo.

INMIGRACIÓN, "URGENCIA VITAL" Y "ARRAIGO"

   Fernández Carriedo ha analizado algunos puntos del pacto, entre ellos los relativos a la inmigración, un aspecto en el que ha asegurado el apoyo del futuro ejecutivo siempre que sea "ordenada y legal". En cuanto a las ayudas a las ONG ha reconocido que no conoce organización alguna que opere en Castilla y León que incumpla la ley, tras apuntar que estas organizaciones conocen los procedimientos y las condiciones de cumplimiento.

   El portavoz en funciones ha señalado que el objetivo es garantizar a todas las personas que están en condiciones de legalidad y ha recordado que el Consejo Económico y Social ha señalado la necesidad de tener más población para contribuir al crecimiento económico. Por ello, ha apostado por centrarse en las personas inmigrantes en situación legal que trabajan y por luchar contra "cualquier procedimiento ilegal y contra las mafias de tráfico de personas".

   Respecto a la posible exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales a quienes se encuentren en situación irregular salvo en supuestos de urgencia vital, el consejero en funciones ha manifestado que se verá "caso a caso", pero ha reiterado como principio general el cumplimiento de la ley.

    En cuanto al concepto de "arraigo" incluido en el pacto el consejero ha explicado que el Ejecutivo autonómico defiende y apoya un arraigo de los ciudadanos que debe ser "real, verificable y duradero" en el tiempo. Como ejemplo de esta filosofía vinculada a la ley y a la permanencia en el territorio, ha anunciado una nueva medida que ha calificado de experiencia única en España: una ayuda para la obtención del carné de conducir dirigida de forma especial a quienes puedan justificar, entre otros requisitos, llevar cinco años de arraigo y de empadronamiento en Castilla y León.

   No obstante, ha aclarado que cada subvención o ayuda que requiera "arraigo" tendrá un horizonte temporal diferente y determinado en cada una de las convocatorias. "Es una referencia, siempre actuar favoreciendo este arraigo, esta vinculación al territorio de las personas que residen, que están empadronadas en Castilla y León y depende del sentido y la orientación de cada una de las ayudas, pues iremos teniendo las condiciones y características que mejor convengan a cada una de ellas", ha explicado.

   Por último, en cuento al control del cumplimiento de lo pactado,Fernández Carriedo, ha defendido que, conforme a la ley, cualquier convocatoria de ayudas públicas contará con sus informes jurídicos correspondientes y ha subrayado que estos informes constituyen la "principal garantía", con lo que se asegura el cumplimiento de la legislación vigente en la posterior resolución de las ayudas.