Castilla y León registra 5.496 casos activos de violencia de género, 2.690 de los cuales de mujeres con menores a cargo

LEÓN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registra actualmente 5.496 casos activos de violencia de género en el sistema VioGén, de los cuales 2.690 corresponden a mujeres con menores a cargo y 113 niños y niñas están catalogados en situación de riesgo de sufrir violencia vicaria.

La violencia vicaria, una de las manifestaciones más crueles de la violencia de género, ha centrado este viernes en León la II Jornada Stop Violencia Vicaria, organizada por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Castilla y León en colaboración con la Asociación Stop Violencia Vicaria.

La cita ha reunido a profesionales del ámbito judicial, sanitario, policial y asistencial para analizar los mecanismos de prevención, detección y protección de los menores y ha convertido a León en punto de encuentro de algunos de los principales especialistas nacionales en violencia vicaria, una forma de violencia de género en la que los hijos e hijas son utilizados como instrumento para causar el máximo daño posible a la mujer.

Durante la inauguración, la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Jessica Martínez Sánchez, ha destacado la necesidad de avanzar en la detección precoz de estas situaciones y reforzar la coordinación entre administraciones, operadores jurídicos, profesionales sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar una protección integral de las víctimas.

La jornada ha contado con la participación de María Eugenia Prendes, fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado; Rosa Guiralt Martínez, fiscal del Tribunal Supremo; la pediatra social Miriam García del Saz; el brigada de la Guardia Civil Gonzalo Miguel Soto Galán, especialista de los Equipos Mujer-Menor (Emume) y la inspectora de Policía Nacional Begoña Miguélez Centeno, responsable de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

También han intervenido Ana Peláez Narváez, presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw) y Andrea Cabezas Mateos, presidenta de la Asociación Stop Violencia Vicaria, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en León.

PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

Los distintos ponentes abordaron la violencia vicaria desde una perspectiva multidisciplinar para analizar la respuesta judicial, la intervención sanitaria, la atención policial especializada y la protección de los menores como víctimas directas de la violencia de género.

La II Jornada Stop Violencia Vicaria se ha desarrollado con el objetivo de sensibilizar sobre el impacto de esta forma de violencia en mujeres, niños y niñas; impulsar la formación especializada de los profesionales implicados en su prevención y detección; favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas; reforzar la coordinación institucional y promover una mirada centrada en los derechos de la infancia y en la protección integral de las víctimas. La iniciativa pretende además dar visibilidad a las demandas de las víctimas y de las asociaciones que trabajan diariamente para acompañarlas y defender sus derechos.

COMPROMISO COLECTIVO

La celebración de esta segunda edición de la Jornada pretende reafirmar el compromiso compartido de las instituciones públicas, las entidades sociales y los profesionales especializados con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y la infancia.

La Delegación del Gobierno en Castilla y León y la Asociación Stop Violencia Vicaria han subrayado la necesidad de avanzar en la sensibilización social, la formación especializada y la mejora de los mecanismos de protección para garantizar que ninguna mujer, niño o niña quede desamparado frente a esta forma de violencia.

RESPUESTAS COORDINADAS

La violencia vicaria ha adquirido una creciente relevancia social e institucional en los últimos años debido a la necesidad de visibilizar una realidad que afecta directamente a la infancia y que requiere respuestas específicas desde todos los ámbitos de actuación. La experiencia acumulada por los profesionales que trabajan con víctimas pone de manifiesto la importancia de identificar de manera temprana los indicadores de riesgo, garantizar mecanismos eficaces de protección y situar siempre el interés superior del menor como principio rector de cualquier intervención.

En este contexto, la formación especializada de jueces, fiscales, abogados, profesionales sanitarios, trabajadores sociales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demás agentes implicados resulta fundamental para mejorar la prevención y la respuesta institucional.

Asimismo, la coordinación entre administraciones públicas, entidades sociales y profesionales especializados constituye una herramienta "imprescindible" para evitar situaciones de desprotección y ofrecer respuestas eficaces a las víctimas.