CCOO pide convocar al Diálogo Social para evaluar la Dependencia, más financiación, profesionalización y dignificación

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha reclamado la convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo sobre Dependencia del Diálogo Social para hacer una evaluación del sistema y la mejora del mismo, para lo que ha abogado por una mayor financiación, una profesionalización de sus trabajadores y una dignificación de las condiciones de trabajo que considera redundarán en una mejor atención a los usuarios.

Todo ello además se ha puesto de manifiesto con una concentración a las puertas de la Gerencia de Servicios Sociales, donde CCOO ha convocado una concentración para expresar sus reivindicaciones.

En concreto, la secretaria de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales de CCOO Castilla y León, Yolanda Martín, ha pedido que se desarrolle la nueva ley autonómica de 2024 de Dependencia con la dotación de personal adecuado, mejor remunerado y cualificado, para lo que se requiere financiación.

A este respecto, ha incidido en que a lo largo de 20 años de aplicación de los acuerdos del Diálogo Social han quedado "flecos" por desarrollar en la atención a la dependencia y ha solicitado un impulso y que se reanude la comisión correspondiente en el Diálogo Social, que tenía previsto hacer una evaluación del sistema en 2026, la cual ha pedido que se lleve a cabo para mejorar todos los servicios, ver cómo se ha desarrollado todo y analizar el futuro, "por dónde" hay que avanzar.

En este marco, la Secretaria General de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Ana Rosa Arribas, se ha referido a la situación de las más de 700 residencias concertadas y privadas que hay en la Comunidad.

En el caso de las primeras, Arribas ha llamado la atención sobre el hecho de que la Junta decida no generar plazas públicas y concertar con las privadas sin que tengan "al menos" las mismas condiciones laborales y de atención los usuarios que tienen en las residencias públicas. "Hay un abismo entre las condiciones de unos y de otros", ha aseverado.

Además, ha señalado que estos centros han cambiado "muchísimo", sobre todo desde la pandemia, y han pasado de tener entre un 30 y un 40 por ciento de personas válidas que podían hacerse muchas cosas por sí mismas a ser centros con dependientes y grandes dependientes con necesidades muy específicas y con un deterioro importante.

MÁS SANITARIOS

Por ello, ha pedido que el nuevo desarrollo de la ley residencial tenga en cuenta esos factores, lo que requiere de profesionales más especializados, sobre todo sanitarios, para prevenir las dependencias como revertirlas "en lo posible" y esas personas incluso tengan un "tránsito" por las residencias o por los centros de día que sean temporales, que luego puedan ir a los cuidados profesionales.

"Sin embargo, la Junta ha optado por todo lo contrario, por expulsar de los centros al personal sanitario", ha explicado Arribas, quien además ha advertido de una falta de personal "alarmante", sin que se cumplen siquiera las ratios mínimas que marca el decreto de 2001, y un personal que en un porcentaje muy alto no está formado.

De la misma forma, ha incidido en que la mayor parte son mujeres, por lo que sufren una "doble carga" y "dobles cuidados" y acuden a trabajar muchas de ellas "medicadas y automedicadas" para poder soportar la carga del trabajo.

Por ello, ha reivindicando la dignificación de las condiciones laborales, mayor salario y prevención de riesgos físicos, biológicos y psicosociales, dado que se enfrentan a condiciones "muy duras" de las personas, algo que ha recordado que es responsabilidad de la Administración que espera que atienda la nueva consejería, que espera que "no reste", sino que "sume".

También ha pedido que los cuidados se "equilibren en el género" porque considera que no puede ser que las mujeres sigan ocupando puestos de cuidados, algo que hacen con condiciones "muchísimo peores" que otros muchos que ocupan los hombres.

Además, el secretario de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos y presidente del Comité de Empresa de Asprona León, Iván Pastrián, ha puesto el foco en que la Ley de Dependencia también da cobertura a las personas con discapacidad o trastornos del desarrollo.

Pastrián, ha incidido en que a veces pasan más tiempo "haciendo papeles" que trabajando con las personas usuarias debido a que la Junta, a través de la plataforma Repriss, pide constantemente la actualización de los datos de trabajadores y usuarios.

PRECARIEDAD

Por otro lado, ha apuntado que programas que se prestan por la Gerencia de Servicios Sociales en el domicilio como INTecum para cuidados paliativos supone trabajos con una duración muy corta, de unos 50 días de media cada contrato, con la precariedad que promueve ese tipo de contratación, con jornadas de unas diez horas a la semana que se traduce en 300 euros al mes.

Pastrián ha reclamado una "dignificación clara" del sector, mejora de las condiciones laborales, del tiempo de trabajo y las retribuciones y una revisión de las ratios que permita poder hacer tanto "papeleo" como atención al usuario.

Por su parte, la secretaria de Mujer y Políticas Sociales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Lourdes Asensio, se ha referido a las residencias que gestiona la Junta de Castilla y León, que cuenta con 23, y las diputaciones y los ayuntamientos, que ascienden a unas 50, las cuales tienen en común un problema relacionado con la inversión en obras.

En concreto, ha señalado que muchas de ellas tienen plantas en todas las provincias cerradas, unas por inversión y otras por no haber tenido presupuesto para poder abrirlas y poder gestionarlo, con "menos personal y menos personas que puedan estar en esas residencias".

Por otro lado, ha señalado una deficiencia con las unidades de convivientes, que no se llevan a cabo en casi ninguna de las residencias, y el problema de la adaptación a los nuevos programas, con anuncios de mejoras por parte de la Gerencia que no se pueden llevar a cabo por falta de espacio y personal.

Asensio ha reclamado formación para los trabajadores, con grados superiores de personas dependientes y de técnicos de cuidados auxiliares en enfermería para "dignificar" la profesionalidad en las residencias.

De la misma forma, ha pedido condiciones laborales justas, mejoras salariales y una estabilización "real" de las plantillas con la conversión de plazas temporales en plazas estructurales, además de financiación "suficiente" para reforzar equipos, mejorar condiciones laborales y asegurar una atención "digna".

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Por otra parte, la secretaria de Acción Sindical y Afiliación de la Federación del Hábitat, Isabel Céspedes, se ha centrado en el servicio de ayuda a domicilio, que se presta en nueve provincias y cinco ayuntamientos.

Céspedes, que también es presidenta del Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio de Ponferrada (León), ha expresado la preocupación porque, mientras se "bombardea" con el mensaje de que el modelo de futuro es la atención en el hogar, los datos del sistema señalan "que el servicio de ayuda a domicilio público está sufriendo un declive continuado y alarmante en la Comunidad" a pesar de que hay más dependientes.

Así, considera que se produce un "trasvase silencioso" y se deja de contratar el servicio profesionalizado de este servicio para derivar a las familias hacia otros cuidados como el entorno familiar, no profesionalizados, o hacia prestaciones vinculadas.

Como consecuencia de ello, las trabajadoras de ayuda a domicilio tienen unos salarios "insuficientes", con contrataciones a tiempo parcial, lo cual afecta a sus cotizaciones y futuras pensiones.

Así, ha exigido "un cambio de rumbo radical" a la Junta, "menos propaganda", más financiación "real" para el servicio de ayuda a domicilio, pliegos de contratación que garanticen la dignidad del servicio y de sus trabajadoras y "menos opacidad" en las administraciones.