Cermi CyL reclama una educación inclusiva, un sistema de servicios sociales y el mantenimiento de la financiación

VALLADOLID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi) en Castilla y León ha reclamado este jueves una educación inclusiva, el establecimiento de un sistema autonómico de servicios sociales, el desarrollo de la ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, el acceso al empleo y la supresión de barreras con motivo de la celebración, mañana, del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.

El vicepresidente del Cermi, Francisco Sardón, centró una de las principales demandas del Comité en la educación inclusiva, no discriminatoria y dirigida a atender las necesidades de cada alumno discapacitado para, de este modo, favorecer su posterior empleabilidad.

La educación, según el vicepresidente del Cermi CyL, es la "asignatura pendiente" ya que los problemas laborales tienen su origen en las dificultades de acceso a la educación básica y en la escasa cifra de personas con discapacidad con estudios superiores.

En este sentido, abogó por garantizar el acceso normalizado del alumno a los recursos más adaptados a sus necesidades, impulsar el proceso de adaptación de la legislación autonómica para ajustarla a criterios inclusivos y la puesta en marcha de las medidas en los Planes de Atención a Necesidades Educativas Especiales.

En el campo de los servicios sociales, el Cermi trasladó su "preocupación" por la implantación en las comunidades de prestaciones por Dependencia que, a su juicio, contemplan aspectos que deberían de recogerse también en la Ley de Servicios Sociales, a lo que sumó su demanda de un sistema autonómico de servicios sociales que garantice la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y lamentó la ausencia de un modelo de servicio de promoción de la autonomía personal.

Las peticiones en el terreno sanitario, que presenta "importantes limitaciones" para el colectivo de discapacitados, y a la espera del desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Ordenación del Sistema de Salud y el III Plan Sociosanitario, radican en la existencia de médicos de referencia en patologías vinculadas con las distintas discapacidades y en la redacción de protocolos específicos para la detección y atención sanitaria en Primaria, Especializada y Urgencias.

En la actualidad, según José Luis Arlanzón, de la Asociación de Padres y Amigos de los Sordos, la sanidad no pone a disposición de las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, personas expertas en lengua de signos dado que esta normativa no está desarrollada en Castilla y León.

DIFICULTADES LABORALES

En el ámbito del empleo, el manifiesto elaborado por Cermi CyL recoge peticiones como la incorporación de personas con discapacidad a la empresa ordinaria y la función pública con apoyo suficiente, la potenciación de la inversión y mantenimiento de centros especiales de empleo como herramienta de integración laboral y la garantía del acceso de los discapacitados a una formación adecuada y de calidad.

"Hoy por hoy, las personas con discapacidad son totalmente efectivas e igual de productivas que cualquier otra persona", destacó Sardón antes de resaltar la competitividad de los centros de empleo y su aportación a la economía regional y de apostar por desarrollar una labor de concienciación empresarial y por el seguimiento de las administraciones del cumplimiento de la normativa de empleabilidad de personas discapacitadas.

La crisis, según Sardón, afecta "muy duramente" a las personas con discapacidad, cuya tasa de desempleo triplica la del resto de la población y, aunque "se dan pasos importantes", la entrada de personas discapacitadas en empresas "ordinarias" es complicada.

Por último, según se recoge en el manifiesto, es necesaria la eliminación de barreras para facilitar la independencia, accesibilidad y normalización de la vida de las personas con discapacidad, cerca de 256.000 en Castilla y León, un 10,9 por ciento del total de la población.

RIESGO DE DESAPARICIÓN

El manifiesto, presentado en la jornada de hoy, contempla "con preocupación" la posible rebaja de los convenios existentes con asociaciones de personas con discapacidad aunque, a su juicio, la crisis no debe de "poner en peligro" la continuidad de apoyos y prestaciones dirigidas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

"El ajuste presupuestario realizado por la Comunidad no puede hacerse a costa de los sectores más vulnerables", consideró Sardón, quien advirtió de que los recortes presupuestarios sufridos "redundarán seguro" en la pérdida de calidad de los servicios que prestan, lo que a su vez se traducirá en un "retroceso" en el proceso de normalización social de las personas con discapacidad.

En este punto, los colectivos que conforman Cermi CyL trasladaron su "preocupación" ante la posibilidad de que pequeñas asociaciones que realizan un trabajo "importante" en ámbitos como el medio rural o campos a los que las administraciones no llegan puedan desaparecer.

DEMANDAS ESPECÍFICAS POR COLECTIVOS

El presidente de la Federación de Sordos de Castilla y León, Luis Miguel Jiménez, cifró en un millar las personas que, con discapacidad auditiva, emplean la lengua de signos en la Comunidad y, aunque va en aumento, aún falta sensibilizar a la comunidad, el apoyo de la Junta a la hora de proporcionar intérpretes y el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad.

Desde FEAPS CyL, que integra a medio centenar de asociaciones de todas las provincias que atienden a cerca de 7.000 personas con discapacidad intelectual, Julio Rubio trasladó su "ilusión" ante la "posible promulgación inmediata" de la Ley de Servicios Sociales, para la que el Cermi prepara ya unas propuestas que, en caso de aceptarse, conllevarían un "beneficio extraordinario" para el colectivo.

Por su parte Jesús Corrales, presidente de la Asociación de Personas con Enfermedad Mental, que engloba a 30.000 personas de las que 22.000 cuentan con certificado reconocido, aseguró que en la actualidad existen cerca de 450.000 ciudadanos que, en mayor o menor grado, padecen estas enfermedades y pidió que se cumplan los compromisos para la empleabilidad dado que el trabajo es "importantísimo" en su desarrollo.

Carlos José García, de Aspace, recalcó que su organización atiende a cerca de 500 personas mientras que José Luis Arlanzón puso de manifiesto que la incidencia de personas sordas es de una por cada mil nacimientos mientras que, en la franja de entre uno y cinco años, cuatro de cada mil niños tienen problemas graves de sordera, que calificó de "discapacidad invisible".

Sardón demandó, en nombre de las 150.000 personas con discapacidad física de la Comunidad, la creación de una Unidad Vertebro-Medular en Castilla y León mientras que desde la ONCE Mari Luz Hernández, quien cifró en 4.200 los afiliados que la organización tiene en la Comunidad, demandó mayor esfuerzo para la eliminación de barreras arquitectónicas y para mejorar la empleabilidad en la empresa privada.