LEÓN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Círculo Empresarial Leonés (CEL) aseguró hoy que la huelga general del próximo día 29 supondrá un coste de cerca de 30 millones de euros en la provincia de León, tras hacer un cálculo aproximado con la cifra del Producto Interior Bruto (PIB) provincial.
Asimismo, expresó su desacuerdo con la huelga por no entender las razones por las que ha sido convocada, ni los objetivos que se persiguen con la misma, además de advertir de los "serios perjuicios" que ocasionará a las economías nacional y provincial, según informó el CEL en una nota recogida por Europa Press.
Además, consideró que el parón responde más bien a criterios políticos y no empresariales, aunque manifestó su respeto hacia el derecho a la huelga de todos los trabajadores, como lo recogen la Constitución Española, en sus artículos 28 y 37.2 y el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 4.
No obstante, apuntó que al igual que está consagrado constitucionalmente el derecho a la huelga, también lo está la libertad de todo empleado de no secundarla y acudir a prestar su trabajo y desempeñarlo de manera pacífica.
En consecuencia, recordó que es ilegal toda acción que impida o coaccione a los trabajadores respecto a su acceso a los centros de trabajo o que altere la pacífica prestación de sus servicios.
La actitud de los empresarios no debe ser "complaciente ni tolerante" con los excesos o actitudes violentas que pudieran derivarse del parón, por lo que el CEL instó a los empresarios a que comuniquen, o en su caso, denuncien aquellos incidentes que pudieran suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores, equipos y materiales de las compañías.
"QUE ABRAN CON NORMALIDAD"
Por este motivo, solicitó a los empresarios que "abran con normalidad" sus empresas y negocios y que no se sientan coaccionados por los piquetes informativos, que serían ilegales si trataran de impedir el libre ejercicio de cualquier derecho, tanto empresarial como laboral.
De la misma forma explicó que el cierre patronal "defensivo" se contempla también como un derecho constitucional si tuviera que llegar a producirse ante situaciones de riesgo o amenaza y que debe comunicarse a la autoridad laboral en un plazo de 12 horas.
Al mismo tiempo, demandó a las autoridades competentes que garanticen el derecho a trabajar durante la jornada del día 29 de septiembre y que los servicios públicos esenciales funcionen con normalidad, de tal manera que se garanticen unos servicios mínimos suficientes.
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