Conformidad de cuatro de los cinco acusados de usar un dron para introducir hachís en el penal de Valladolid

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los cinco acusados de tratar de introducir hachís en el Centro Penitenciario de Valladolid en agosto de 2023, todos ellos españoles de origen marroquí, han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía vallisoletana para asumir distintas condenas, con la particularidad de que uno de ellos no ha llegado a comparecer este miércoles en la vista celebrada y, por tanto, en su caso se espera sellar dicho trámite a lo largo del presente mes de julio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los traficantes confesos que ya han cerrado el acuerdo anticipado 'in voce' esta mañana por el juez titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid son Fad H.M, que ha asumido un año de cárcel y una multa de 2.600 euros; Hamsa A.A, que ha aceptado 16 meses e idéntica multa, y Mohamed A.S, quien, debido a que en su caso concurre la agravante de reincidencia, será condenado a dos años de privación de libertad y la misma sanción pecuniaria que los anteriores.

Las penas asumidas por los tres encausados, que han comparecido por videoconferencia desde Ceuta y Marbella, han quedado en suspenso por espacio de dos años para los dos primeros, periodo en el que no podrán volver a delinquir y habrán de comunicar al tribunal cualquier cambio de domicilio, mientras que Mohamed A.S. verá también suspendida su condena pero siempre y cuando cumpla la doble condición impuesta a los anteriores por espacio de un lustro y, además, realice 150 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad.

Un cuarto de los acusados, Mohamed L.H, pese a cerrar también una conformidad, no ha llegado a comparecer, si bien el juez y su defensa han acordado celebrar un día de este mismo mes la correspondiente vista para que acepte la condena pactada. En caso de persistir en su incomparecencia, el magistrado ha advertido a su representante legal que se verá obligado a adoptar medidas cautelares, como la puesta en marcha de un auto de busca y captura, al igual de lo que ya ha hecho con anterioridad en el caso de Mohamed B.M.A, cuyo paradero se ignora y no ha podido ser citado.

La Fiscalía vallisoletana pedía inicialmente penas que suman globalmente trece años de cárcel para los cinco acusados, concretamente dos años y medio para Mohamed L.H, Fad H.M, Mohamed B.M.A y Hamsa A.A, así como tres años para Mohamed A.S, al que aplica la agravente de reincidencia.

Los cinco fueron interceptados sobre las 06.00 horas del día 29 de agosto de 2023 en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Villanubla, al que se dirigieron a bordo de un turismo con la finalidad de hacer llegar al interior del mismo resina de cannabis (hachís), sin que conste quieren era su destinatario, así como diversos aparatos de telefonía, valiéndose para ello de un dron adaptado a tal efecto.

Una vez en el lugar, fueron sorprendidos por agentes de la Guardia Civil encargada de la vigilancia del centro penitenciario, que detectaron el vehículo merodeando por el perímetro con las luces apagadas y localizaron en el interior del mismo, además de a los acusados, un dron marca DJI, con su número de serie eliminado, junto con una emisora de control del aparato, dos baterías y un sistema 'Airdrop' para el transporte y lanzamiento de objetos, específico para acoplarse a la estructura del aparato y con el cual pretendían introducir la sustancia ilegal.

DOS TABLETAS DE HACHÍS CON UN PESO DE 196 GRAMOS

En concreto, trataban de meter dos tabletas de sólido marrón con logotipo 'VIP Exclusive', que tras el correspondiente análisis oficial resultaron ser resina de cannabis con un peso neto de 196,1 gramos y una riqueza del 28,47%, cuyo valor en el mercado ilícito hubiera alcanzado la suma de 1.313,87 euro.

Las dos tabletas estaban unidas por cinta americana y tenían puesto un sedal y fueron localizadas fuera del vehículo, junto a un árbol cercano dónde estaba subido y oculto, realizando labores de control de la operación, el acusado Mohamed A.S.

Las investigaciones por estos hechos culminarían en enero del presente año con la desarticulación de una red criminal especializada, en el marco de la 'Operación Califa-Centro-23, a la que se imputa la introducción de sustancias estupefacientes y otros efectos prohibidos en centros penitenciarios, entramado originario de Ceuta que disponía de un grupo itinerante que se desplazaba por todo el territorio nacional para llevar a cabo su acción ilícita. Dicho grupo, partiendo de la localidad gaditana de Algeciras, se desplazaba por carretera a diferentes centros penitenciarios de la Península.

En el seno de la organización existía un reparto de funciones, entre las que cabe destacar la del especialista en el vuelo de aeronaves no tripuladas (drones), la cuales adaptaban para el transporte de distintos objetos y que volaban en horario nocturno sobre los distintos centros penitenciarios.

Los drones eran manipulados para eliminar cualquier tipo de iluminación que emitiesen y eran provistos de una cuerda y un sedal transparente atados a su carcasa, de donde pendían los objetos que introducían. Sobrevolaban los centros penitenciarios y se dirigían a las ventanas de las celdas previamente acordadas, procediendo entonces el interno correspondiente a cortar el sedal y hacerse con los efectos transportados. A partir de los datos arrojados en la investigación, los drones realizaban varios vuelos en un corto período de tiempo, haciendo distintas entregas en una misma noche.

EL INICIO EN CÓRDOBA

La investigación se inició en torno al centro penitenciario de Córdoba, al encontrarse allí interno un integrante de la organización que ocupaba una importante posición en la jerarquía de la misma. En una de las operativas llevadas a cabo por la organización, debió existir algún problema técnico durante el vuelo de un dron y este terminó accidentado en las inmediaciones del centro penitenciario cordobés, el cual fue recuperado posteriormente por agentes de la Guardia Civil.

Tras un minucioso análisis policial, fue descubierto uno de los puntos desde los que la organización realizaba los vuelos de drones, ubicado a una distancia aproximada de un kilómetro respecto del centro penitenciario. Allí, entre la maleza, la organización tenía oculto material para la manipulación de las aeronaves 'in situ', tales como cuerdas, sedal transparente y cinta aislante.

Dentro de la prisión, la organización criminal contaba con infraestructura suficiente como para recibir, ocultar y distribuir los efectos prohibidos entre los internos, contando para ello con reclusos especializados en las distintas funciones, entre las que destacaba el liderazgo del encargado de coordinar con el líder del grupo itinerante la operativa de vuelo, estableciendo la hora óptima para la recepción de la mercancía, haciendo uso de señales lumínicas y sistemas de geolocalización para señalar el punto de recepción de la misma.

Del mismo modo, una vez en el interior de la cárcel, la organización disponía de otros reclusos especializados en la ocultación y distribución final de una mercancía que incrementaría su valor de mercado exponencialmente, poniendo igualmente en grave peligro tanto la salud como la seguridad de los internos y de los funcionarios encargados de su custodia.

Fruto de la investigación, se detectó que la organización investigada habría reproducido el 'modus operandi' utilizado en la prisión de Córdoba, en los centros penitenciarios de Villanubla (Valladolid), cuyos hechos serán enjuiciados en julio, Dueñas (Palencia) y Albolote (Granada).